El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) trasladará 3.000 kilómetros de vías nacionales a las municipalidades a partir del miércoles. Lo hará sin contenido presupuestario para que las corporaciones municipales puedan hacerse cargo del mantenimiento.
Efraím Zeledón, viceministro de Infraestructura del MOPT aseveró que el decreto establece los parámetros y los lineamientos que se van a usar para definir cuáles son las rutas estratégicas para ese despacho y las que se trasladarán a la red cantonal.
“¿Qué es lo que le preocupa a muchos alcaldes? La dificultad de asumir esa red. Se ha hablado con muchos alcaldes que son conscientes que, por limitaciones presupuestarias, el MOPT y el CONAVI no pueden asumir rutas que para nosotros no son estratégicas (…) son rutas que si bien es cierto son importantes no forman parte de la red vial estratégica y para nosotros se nos dificulta mucho atenderlas”, afirmó Zeledón.
Comentó que, para muchos alcaldes las rutas que se les trasladarán son importantes para el desarrollo, por lo que, con la medida podrán definir la atención y mantenimiento que se le dará para su desarrollo.
Ante ello, la Defensoría de los Habitantes realizó un requerimiento de información al MOPT, con 12 preguntas relacionadas con la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo N° 44.263, que autoriza ese traslado.
Con esto, la Defensoría pretende verificar la procedencia técnica y jurídica de la medida y garantizar que no perjudique la conservación y mejoramiento de esos caminos.
Además, consultó al titular del MOPT, Mauricio Batalla, si la transferencia de responsabilidades fue comunicada formalmente a los gobiernos locales involucrados o no.
“Se le consultó si la medida fue adoptada con el concurso y participación de dichos gobiernos locales, o si es una decisión unilateral del Poder Ejecutivo. Además, cuál es la cuantía exacta de los recursos que serán transferidos a cada una de las municipalidades involucradas y si ya están o no reservados a nivel presupuestario”, señala la Defensoría.
¿Cuánto y cuándo?
Una de las interrogantes que planteó la Defensoría al MOPT es en qué fecha ese Ministerio transferirá los recursos económicos a las municipalidades, y cuál fue la metodología empleada para definir la cantidad de dinero que se les entregará.
Además, se le consultó si la transferencia de esta responsabilidad no prevé transferir recursos adicionales; qué consideración tiene el MOPT que lo establecido actualmente en la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria y de la Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, se destinen exclusivamente al mantenimiento de la red vial cantonal; y cuál sería el plazo por el que se trasladaría dicha responsabilidad a las municipalidades.
“También, deberá informar si considera que las municipalidades están preparadas en términos de recursos humanos, administrativos y logísticos, para asumir dicha responsabilidad a partir del presente mes y lograr la ejecución presupuestaria de los recursos que les serían transferidos y presentar los estudios técnicos recientes de órganos expertos como LANAMME u otros, que precisen el estado actual de las carreteras cuya atención se trasladaría a las municipalidades”, interpeló la Defensoría.
Por otro lado, se le pidió al MOPT indicar “qué consideración le merece la posible transgresión al principio de jerarquía de las normas, que implicaría trasladar la atención de carreteras nacionales a las municipalidades vía Decreto, a pesar de que la Ley General de Caminos Públicos, N°5060, asigna al MOPT la administración de la red vial nacional (incluyendo las carreteras primarias, secundarias y terciarias), y a las municipalidades la red vial cantonal”.
Oposición
Tanto al Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) como la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) externaron su oposición del traslado.
Según detallaron las organizaciones, las carreteras que trasladarán son secundarias y tercearias y de estas últimas, sólo el 19% cuentan con carpeta asfálticas.
Las calles se encuentran distribuidas en 78 cantones, en su mayoría rurales Algunos ejemplos son:
- 230 kilómetros a San Carlos.
- 223 kilómetros a Pérez Zeledón.
- 114 kilómetros a Tilarán.
- 97 kilómetros a Turrubares.
- 93 kilómetros a Corredores.
- 87 kilómetros a Turrialba.
- 83 kilómetros a Nicoya.
- 81 kilómetros a Puriscal.
Maikol Porras, alcalde de Sarchí y presidente de la ANAI, sostuvo que lo que buscan trasladar el MOPT y el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) son calles y caminos que por años estuvieron abandonados y que sería sin el contenido presupuestario respectivo.
“Es por eso que nos oponemos y solicitamos la derogatoria del decreto, para abrir, de inmediato, una mesa de diálogo y negociación en la Asamblea Legislativa que busque más recursos para la red vial”, recalcó Porras.
Estimó que, los gobiernos locales requerirán de ¢70.000 millones anuales para darle mantenimiento a los más de 3.000 kilómetros que se transferirían.
Por su parte, Patricia Porras, alcaldesa de Aserrí y presidenta de la UNGL manifestó que se le solicitó al presidente Rodrigo Chaves, derogar el decreto.
“Estamos dispuestos a trabajar en conjunto para encontrar soluciones viables y equitativas, que permitan que la infraestructura vial continúe siendo un pilar fundamenta para el desarrollo de nuestras comunidades y ciudadanos, siempre y cuando esto se haga como la ley lo indique y no mediante un decreto que pretende trasladar a las municipalidades responsabilidades que no les corresponden”, detalló Porras.
