El porcentaje de inversión que registra el país en áreas como protección social, educación y salud, se ubica por debajo de los niveles recomendados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Así lo detalló un informe presentado está mañana por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA).
El académico del CINPE, Marco Otoya, señaló que en 2023 el porcentaje destinado a protección social fue de 14,5%, quedándose muy por debajo del promedio de la OCDE que es de 22,6%.
Eso generó afectación en programas de asistencia social como los que llevan a cabo el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) o el Consejo Nacional de la Personas Adulta Mayor (CONAPAM).
Además, impacta la protección social y el combate a la pobreza que llevan a cabo el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Régimen No Contributivo de pensiones (RNC) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Por otro lado, Otoya apuntó que en educación el país también llegó a ubicarse por debajo de lo recomendado por la OCDE (6%). En 2022 y 2023 el porcentaje destinado a la educación fue de 5,92% y 5,70%, respectivamente.
Asimismo, detalló que los recursos transferidos a juntas de educación para infraestructura sufrieron una reducción de 3,6% en el período entre 2020 y 2022.
Eso es preocupante ya que, según el Programa Estado de la Nación (PEN), desde el 2021 un 60% las escuelas publicas reportan necesidades criticas de reparación y mantenimiento.
A nivel de lo que se invierte por estudiante ($6.624) también se está por debajo del promedio de los países de la OCDE ($10.678), al considerar datos del 2021.
Salud y vivienda
Desde 2022 comenzó a darse un decrecimiento en el porcentaje destinado a Salud. Para ese año fue de 6% y el año anterior disminuyó a 5.77%. Esa inversión también está alejada de la que recomienda la OCDE (9%).
Además, es inferior a la de países europeos como Alemania, Francia o Noruega, cuyo gasto en salud oscila entre 10% y 12%.
En lo que respecta a vivienda, el informe señala que desde el 2019 la curva presupuestaria tendió a la baja, representando solo el 2,25% del PIB en 2022.
Añade que, es más drástico el monto que el país destina al financiamiento de los bonos de vivienda, ya que, pasó de ¢12.873 millones en el 2020 a ¢8.369 millones al cierre del 2022.
Gasto Social empezó a caer desde 2020
Otoya señaló que el gasto social venía mostrando una tendencia de crecimiento en la última década, particularmente entre 2010 y 2020. Sin embargo, a partir del 2020 se empezó deteriorar.
“Un deterioro en los recursos que estamos destinando para atender estas actividades. Comienza a caer como porcentaje del PIB y es el más bajo de los últimos 12 años comparable con la relación que teníamos en el 2009”, explicó el académico.
Para el 2022 la inversión social registró un 21,2%, mientras que en años anteriores fue de 23,4% (2021) y 24,2% (2020).
Asimismo, el gasto social por persona cayó en 2022 respecto 2021, impactando directa e indirectamente la calidad de vida de la ciudadanía y la capacidad para atender programas enfocados a reducir la pobreza.
