Con una nueva consulta de constitucionalidad ante la Sala Constitucional la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP) en la Asamblea Legislativa detuvo la votación de la convocatoria a referéndum en relación con el proyecto de Ley Jaguar impulsado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves.
Como resultado de ello, surgieron acusaciones entre los legisladores oficialistas y los liberales. Los primeros aducían que no se quería dar la oportunidad al pueblo de pronunciarse sobre el proyecto en una votación directa. Los segundos advertían que apenas el miércoles los oficialistas no querían votar el asunto hoy porque no tenían los votos para su aprobación.
Pero, habrían cambiado de opinión como un recurso para conseguir un voto negativo a la convocatoria, de manera que luego pudieran acusar a la oposición por el fracaso.
Los diputados oficialistas cuestionaron particularmente a sus pares del PLP y del Partido Liberación Nacional (PLN).
En un inicio hubo mucha incertidumbre de cara a la sesión. El primer reto era ver si se lograría llegar al quorum necesario para iniciar el debate. La presidenta en ejercicio, Rosalía Brown, intentó que el tema se discutiera.
Luis Diego Vargas, el jefe de bancada del PLP le indicó a Brown que estaba lista una nueva Consulta a la Sala Constitucional, por lo que la diputada solicitó un receso para analizarlo con las jefaturas de fracción.
El diputado Eliécer Feinzaig, señaló, por su parte, que es importante que primero se haga la consulta de constitucionalidad de la Ley Jaguar, antes de votar sobre el referéndum en la Asamblea Legislativa.
Feinzaig recalcó que “únicamente queremos dar la posibilidad de que la Sala se pronuncie antes de que a nosotros nos toque votar, pero también antes de que a los costarricenses les toque decidirse por el sí o por el no en el referéndum”.
Añadió que al Poder Ejecutivo no le importa si se aprueba o se rechaza la convocatoria para el referéndum. Lo que busca es tener una justificante para culpar a la oposición de sus propios fracasos y de su propia incapacidad de negociar, sostuvo.
Para la jefa de fracción del bloque oficialista, Pilar Cisneros, la posición adoptada por un grupo de 12 diputados que presentaron una nueva consulta ante la Sala Constitucional es un golpe a la democracia por estar evitando que el soberano tome la decisión de aprobar la iniciativa de la “Ley Jaguar”.
Cisneros le pidió a los costarricenses que no se dejen engañar por declaraciones de Feinzaig, cuando alegó que la fracción oficialista y ella lo que querían era forzar la votación.
Además, agregó: “me avergüenza que aquí diputados de la República no quieran darle al costarricense el derecho sagrado de decidir sobre el destino de su país. No hay herramienta más democrática que un referéndum".
Para Cisneros, lo de hoy no tiene nada que ver con que los diputados le digan sí o no al referéndum sino con que al ciudadano costarricense se le permita ejercer su voto para decidir.
Como consecuencia, el proceso de votación que se había determinado para este jueves en el Plenario de la Asamblea Legislativa quedó suspendido.
¡Qué se aclaren los nublados!
Como en la época de la independencia las demás fracciones en el plenario se mostraron prudentes sobre cual sería el proceso durante la última sesión, antes del receso de medio año.
Luego de la reunión de jefes de fracción durante la mañana, el consenso era iniciar el debate reglado de tres horas y proceder a la votación, pero con la nueva consulta el panorama cambió.
Los jefes de las fracciones del PLN, el Frente Amplio (FA) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) salieron a señalar cual era la posición de sus bancadas con respecto a la suspensión de la votación.
El diputado Óscar Izquierdo, del PLN, explicó que es extraña la insistencia en pedir que se vote algo a sabiendas que lo van a perder. Ello, por cuanto el oficialismo no sumaba suficientes votos para aprobar la convocatoria, pese a que la fracción socialcristiana había comprometido su voto favorable en la mañana.
“¿Por qué querer votar algo sabiendo que lo pueden perder y no esperar a otros diputados que lo estarían apoyando?”, se preguntó Izquierdo.
La jefa del PUSC, María Marta Carballo, reconfirmó que desde la fracción están de acuerdo con la votación positiva de la convocatoria a la consulta popular, pero lo que les llama la atención es la insistencia por parte del oficialismo a votarlo conociendo lo ajustados que se encontraban los números.
Para Carballo podría tratarse de una forma de que, sin contar con los votos favorables, lo rechazaran para continuar con el mecanismo de criticar a la Asamblea.
“¡Por qué no esperar a que el quorum este de manera regular, que estén los votos y darle de manera efectiva, a los costarricense la posibilidad de votar?”, cuestionó Carballo.
Antonio Ortega, del Frente Amplio, además de compartir las dudas con los otros diputados, añade que desde el oficialismo lo único que buscan es desviar la atención de su mala gestión.
Ortega señala que “extraño no es. Desde el minuto cero dijimos que al Poder Ejecutivo le interesaba más el relajo que el dato, la narración, que la acción y hoy queda en evidencia que les interesa poco el fondo del proyecto”.
A la consulta presentada por el PLP ante la Sala se sumaron cuatro legisladores del PLN: Paulina Ramírez, Andrea Álvarez, Kattia Rivera, Katherine Moreira; también, la independiente María Marta Padilla.
Los diputados suspenderán labores la próxima semana por un receso de medio año.
