Los diputados de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa advirtieron eventuales conflictos diplomáticos por la decisión del Poder Ejecutivo de restringir la participación de ciertas empresas en el proceso de adjudicación de las bandas para la red 5G.
En la Comisión llamaron a cuentas a la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes Zamora, para que brindara explicaciones sobre la decisión. Especialmente porque implica que las empresas de tecnología de China no podrán concursar.
Bogantes Zamora defendió la la tesis del Ejecutivo de que el reglamento que entrara en vigencia el pasado 31 de agosto se hiciera de esa manera, argumentando que la intención del Ministerio es elevar los estándares de dicha banda para proteger en materia de Ciberseguridad.
La jerarca afirmó que el reglamento no discrimina a ningún empresa local o internacional, y que tampoco impone barreras al comercio o interfiere en las relaciones internacionales. Pero, al mismo tiempo, hizo énfasis que para ser un oferente el único requisito es ser parte del acuerdo de Budapest, ya que el gobierno mantiene el principio de neutralidad tecnológico.
Ante ello, la legisladora del partido Liberación Nacional Monserrat Ruiz Guevara, cuestionó la decisión del Ejecutivo al fijar como requisito ese convenio. Considera que es un acuerdo más geopolítico que para restricción tecnológica.
Un pensamiento muy similar fue el de la diputada del partido Unidad Social Cristiana Melina Ajoy Palma, que argumentó en la Comisión sus dudas sobre el reglamento, ya que solo permite utilizar equipos de empresas de países firmantes del acuerdo.
Quien puntualizó los cuestionamientos fue la jefa de fracción del partido Frente Amplio, Sofia Guillén Pérez. Recalcó que la decisión no está sustentada en criterios técnicos y fue más movido por consideraciones políticas y con toda la descripción de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) no hay criterio técnico correcto.
La frenteamplista agregó: "Me parece que esta decisión política que ustedes han tomado de excluir a empresas de China de participar por simplemente ser de China va a tener dos consecuencias severas: los efectos de las finanzas del ICE además de demandas internacionales”.
Ahora la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, deberá mantenerse de cerca en las decisiones del Poder Ejecutivo para ser analizadas.
