Reforma constitucional

Diputados analizarán extradición condicionada de costarricenses

El Plenario  retrasa el revisar  el análisis de la convocatoria de referéndum . Foto Sócrates Colindres
photo_camera El directorio de la Asamblea deberá nombrar una comisión para analizar la reforma Constitucional. Foto Sócrates Colindres

La Asamblea Legislativa acordó dar trámite a un proyecto de reforma constitucional que permitiría la extradición de costarricenses, lo cual hoy está vedado en Costa Rica.

La reforma constitucional pretende modificar el artículo 32 de la Constitución Política, con el fin de que sea posible extraditar a una persona costarricense únicamente en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, cuando esta haya sido decretada por un Tribunal de la República de Costa Rica.

ARTÍCULO ÚNICO–  Refórmese el artículo 32 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, para que en adelante se lea:
Artículo 32-  Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional, salvo que, en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, haya sido decretada extradición por un Tribunal de la República de Costa Rica conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en las leyes.

Esta iniciativa, fue presentada en mayo de 2023, por parte del bloque completo de diputados del Partido Progreso Social Democrático, y tras un año volvió a ser analizada en estas sesiones extraordinarias.

Tras la votación, para admitir el proyecto el presidente legislativo, Rodrigo Arias, señaló el próximo miércoles 29 de mayo como la fecha para conformar una comisión especial, que deberá ser integrada por tres, cinco o siete diputados.

Arias les solicitó a los jefes de fracción remitir los nombres de los diputados interesados en ser parte de ese órgano legislativo.

Por tratarse de una reforma constitucional, una vez dictaminado se debe someter a un primer debate de primera legislatura para luego enviarlo a consulta ante la Sala Constitucional.

Una vez superado ese análisis de constitucionalidad, la iniciativa tendría que recibir el segundo debate, luego de lo cual el presidente de la República tendría que incluirlo en su informe del primero de mayo, para que luego regrese a la Asamblea Legislativa y sea votado en tres debates distintos.

Pase a que dicha propuesta tuvo el apoyo de todas las fracciones; varios legisladores externaron dudas de constitucionalidad.

Dudas de legalidad

Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio, argumentó que el tema tiene implicaciones significativas y que se deben tomar en cuenta. Sostuvo que su fracción votó a favor, y esperarán al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la República.

Eliécer Feinzaig, legislador del Partido Liberal Progresista añadió que en su bancada se tomó la decisión de votar favorablemente la admisibilidad para que la comisión pueda investigar a fondo el plan.

“Sería peligroso permitir la disminución de derechos mediante una reforma parcial de la Constitución. Hay que entender si sí o no esta reforma vendría a limitar o reducir los derechos de los costarricenses”, explicó el diputado del PLP.

Su colega del Partido Liberación Nacional, Danny Vargas mostro su apoyo a la admisibilidad del proyecto y agregó: “me atrevería a decir que sería la más importante que se ha hecho en el país desde 1949”.

El líder de Nueva República, Fabricio Alvarado fue claro en señalar que están de acuerdo con el análisis, pero que para ellos debería ampliarse la extradición a delitos como la trata de personas, o delincuencia organizada en general.

Para el legislador oficialista Daniel Vargas los intereses personales de los nacionales jamás deben interponerse por encima de nuestra sociedad. Por eso, dijo, se deben de hacer cualquier cambio para contener a estas personas.