El sistema político costarricense pasa por una profunda crisis, que afecta a la hora de responder a las necesidades y demandas ciudadanas, concluye el informe del proyecto Estado de la Nación 2023, dado a conocer este jueves.
El dilema que enfrenta nuestro país deriva de la poca cooperación entre los actores de la clase política, especialmente porque nuestro sistema político, si bien es presidencialista, está diseñado para ejercer el poder de manera descentralizada.
El investigador Ronald Alfaro, del Estado de la Nación, manifestó que los hallazgos les permiten concluir que la incapacidad de negociar y cooperar por parte de los actores políticos supone un riesgo para la democracia costarricense.
Para el Estado de la Nación los constantes choques de Poderes están creando un conflicto que genera una pérdida de capacidades para generar resultados positivos.
De hecho, de acuerdo con el estudio, si se compara el Índice Shugart y Carey del año 1992 con el Índice de Bothello y Silva del año 2021 sobre Poderes Presidenciales en América Latina, más allá de las constituciones nuestro país se ubica en la misma posición, porque el presidente está para ser un actor central, no dominante.
Alfaro agrega que la presidencia y los cargos ministeriales se encuentran sometidos a una red de múltiples controles lo que implica constantes negociaciones y, como resultado, un escrutinio público sobre porque y como se toman las decisiones.
El estudio muestra como fue el desempeño de los últimos nueve mandatarios en los periodos de sesiones extraordinarias de la primera legislatura (primer año de ejercicio) cuando los presidentes tienen el control de la agenda del Poder Legislativo.
Los gobiernos de periodos 2006 al 2014 de los presidentes Oscar Arias y Laura Chinchilla, concretaron 139 proyectos (70 de Arias y 69 de Chinchilla) del Poder Ejecutivo, los cuales fueron gestionados en su primer año de gobierno, con una Asamblea Legislativa donde la mayoría de diputados eran de la fracción del gobierno.
De todas las administraciones comparadas, el único que quedó por debajo del actual del presidente Rodrigo Chaves, fue el de Luis Guillermo Solís, quien solamente logró que los diputados le aprobaran seis proyectos de en las sesiones extraordinarias de la primera legislatura.
Además, el Estudio realizado por el Estado de la Nación, recuerda que en la más reciente entrega del Latinobarómetro 2023, se señala que Costa Rica ha perdido once puntos porcentuales en el rubro de apoyo a la democracia, pasando de un 67% en 2020 a un 56% en 2023.
Además, el Latinobarómetro muestra un alto porcentaje de insatisfacción con la democracia porque las personas no están conformes con las respuestas de los gobiernos frente a sus demandas, Costa Rica (43%).
Esta insatisfacción por parte de los ciudadanos refleja en la cantidad de acciones judiciales planteadas contra decisiones del Poder Ejecutivo. El crecimiento entre el 2015 cuando se presentaron 698 recursos ante la Sala Constitucional, y el 2023, cuando se contabilizan ya 3261 es contundente.
Esta es consecuencia de no atender algunas de las diferencias por otras vías y proteger los intereses de los ciudadanos, en virtud de que no se dañen los derechos.
En sus conclusiones el investigador Ronald Alfaro aclara que esta parálisis mina la confianza de la ciudadanía en que el Gobierno y las instituciones atenderán sus demandas, lo cual reduce la probabilidad de que en el marco de la democracia se logren acuerdos políticos y se genere bienestar a la población.
