Una agenda de 10 proyectos de ley con los que se pretende atacar la crisis de inseguridad que vive el país, destaca como el principal acuerdo al que llegaron este martes los presidentes de los tres Poderes de la República.
Si bien en los últimos meses del año anterior hubo otras reuniones similares a la de hoy, y se discutieron diversos proyectos, no fue sino hasta ahora que se logró aterrizar una agenda de prioridades. Para ello, desde los primeros días del mes se instaló una mesa de diálogo que trabajó durante seis sesiones, según explicó el presidente de la República, Rodrigo Chaves.
Además de Chaves, estuvieron presentes el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y su par de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre. También, el fiscal general, Carlo Díaz, y la vicepresidenta de la Asamblea, Gloria Navas, así como la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz.
Ahora. con estas propuestas el trabajo será para los diputados que deberán resolver si las traducen en leyes de la República.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias expuso que ahora su tarea será la de poner a los jefes de fracción en conocimiento de los acuerdos para que traten conciliar las propuestas y que puedan ser aprobadas con prontitud.
El país vive una nueva dinámica delictiva, profundizada por la lucha entre bandas de narcotraficantes por el control de territorios. Eso ha llevado a una alza sustancial en el número de homicidios durante el año anterior y lo que va de este 2024.
¿Cuáles son los 10 proyectos de Ley?
Luego de dar los por menores de la reunión que por más de 2 horas sostuvieron en la Presidencia de la República, los tres presidentes designaron como el encargado de dar a conocer el alcance de la cita al fiscal Díaz. Este consideró que son las medidas para que las autoridades puedan continuar en su lucha contra la violencia y el crimen organizado.
El primer proyecto es una reforma en materia de naturalizaciones. Con esto se pretende que las personas que obtuvieron la nacionalidad costarricense, pero que luego incurren en delitos graves puedan ser sujetos a una revocatoria de esa condición, y con esto eventualmente incluso puedan ser extraditados.
Otro proyecto en lista es el que versa sobre capitales emergentes. En este caso se pretende que exista la posibilidad poder disponer de los bienes previo a la resolución de fondo en aquellos casos en que se dicte prisión preventiva contra los sospechosos.
A las autoridades también les interesa volver a endurecer la normativa sobre los antecedentes penales. Aquí se busca ampliar el plazo en el que se limpian esos antecedentes, con el fin de que no le sea tan sencillo a los convictos acceder a beneficios carcelarios cuando son reincidentes.
Otro proyecto de consenso es el que sanciona la extorsión crediticia con los préstamos conocidos como “gota a gota”. De hecho el plan introduce un tipo penal para que se sancione esa conducta.
A la lista se suman los proyectos que fueron ya presentados pero que todavía no han ingresado a la corriente legislativa. Uno es la ley que amplía el alcance de las intervenciones telefónicas, extendiendo el catálogo delitos en que se puede aplicar.
Otro es una reforma a la Ley de Armas Explosivos para endurecer las penas. En paralelo, además, se buscará disminuir las penas en las que se puede acceder al monitoreo electrónico. En la actualidad cubre a los condenados por hasta seis años y se estaría buscando bajar a cuatro años.
Díaz explico que se trabaja en una nueva regulación de la prisión preventiva para proteger a la comunidad con acciones. Muchas veces cuando ocurre un delito, resulta que entre los sospechosos aparecen en primera fila personas para las cuáles en algún momento se había solicitado la prisión preventiva, pero esta no cabía conforma con las reglas actuales.
El Fiscal General agregó que se está generando otra legislación nueva que sanciona fuerte la utilización de menores para cometer delitos. En este caso se va a considerar como una agravante para las personas mayores de edad que impulsen a menores de edad a participar en actividades delictivas.
"Igualmente, vamos a ampliar los plazos en los procesos contra menores de edad. Actualmente, por ejemplo, para formular una acusación y solicitar el internamiento de una persona menor de edad, es de 24 horas y en algunos casos de crimen organizado este plazo es relativamente corto por lo cual estamos solicitando una ampliación de ese tipo de plazo", explicó Díaz.
