La Comisión Investigadora de las contrataciones del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un contrato de publicidad, emitió un dictamen de mayoría en el que señala que, desde Casa Presidencial, se utilizó a la agencia de publicidad de esa televisora para politizar la pauta estatal.
En el informe votado por los diputados de las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). el Liberal Progresista y el Frente Amplio plantea que la Fiscalía General tome acciones e investigue los hechos.
Los diputados aseguran que se comprobó el uso de ₡9 mil millones de colones en 14 instituciones sin los controles de la Contraloría General de la República. Luego los contratos fueron suspendidas por el órgano contralor debido a que no cumplen con los requerimientos de ley.
Además, se tuvo acceso al destino que iban a tener ₡2 mil millones de colones mediante la figura de contrato bajo demanda que no se llegó a concretar por problemas de procedimiento y que pretendía distribuir sin criterio técnico a 60 medios de comunicación.
La investigación determinó que al priorizar la Agencia de Publicidad del SINART como instrumento al servicio del Poder Ejecutivo se puso en riesgo la estabilidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión llevando a cabo acciones con criterio evidentemente político y no técnico.
En la Comisión también se estableció que Federico Cruz, conocido como “Choreco” ejerció el cargo de funcionario de hecho al asumir tareas asignadas por el presidente de la Republica, Rodrigo Chaves y el Comité Editorial "en donde incluso el señor Cruz gestionaba contratos y orientaba decisiones sobre fondos públicos".
A raíz de la investigación los diputados de la Comisión sostienen que las acciones llevadas a cabo comprometieron y sometieron a una crisis sin precedentes al SINART y que la institución fue utilizada con un fin estrictamente político por Casa Presidencial.
¿Y las anomalías con el BCIE?
En cuanto a las supuestas anomalías en materia de contrataciones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en la Comisión concluyeron que el órgano ejecutor del Poder Ejecutivo y el productor televisivo y comercial Christian Bulgarelli redactaron los términos y condiciones de una licitación que fue adjudicada a la personería jurídica de RMC la Productora S.A., cuyo representante era él mismo.
Juntamente quedó en evidencia que la licitación fue adjudicada inicialmente por un monto de $300,000 dólares y que posteriormente, se aprobó una asignación adicional de $105,800 dólares elevando el total adjudicado a $405,800 dólares estadounidenses.
Esta parte actualmente tiene abierta una investigación de tipo penal tal como se detalla en el Oficio MP-DMP-OF-2023-0181
Larga lista de rendición de cuentas
Los diputados pedirán que el Ministerio Público abra una investigar conforme con las potestades que le confiere la ley, y los hechos descritos con el fin de determinar la constitución de delitos y la apertura de nuevos expedientes y, particularmente, la injerencia del presidente Chaves en toda la trama.
También piden investigar a Christian Bulgarelli, junto a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana; y el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez por presuntamente facilitar de manera irregular la contratación del productor.
Los legisladores piden que se investigue al Comité Editorial de Casa Presidencial conformado por RodrÍguez, Díaz, Chaves, “Choreco” y la diputada Pilar Cisneros Gallo por el delito de tráfico de influencias en cuanto al manejo de los recursos del BCIE y la concentración de fondos en el SINART.
Se añade que se abra una investigación a Federico Amador, Fernando Sandi y David Tencio, funcionarios del SINART y al exfuncionario Allan Trigueros por los delitos de tráfico de influencias y falsedad ideológica al manipular los procesos de contratación de la Agencia del SINART.
Mientras que los funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) Marco Acuña Mora, presidente ejecutivo; José Rafael Solano Núñez, director de la división comercial; y Luis Diego Abarca Fernández, gerente de telecomunicaciones, sean también inquiridos por el delito de tráfico de influencias en favor de empresas privadas con la finalidad de politizar los fondos de ICE Kolbi.
La diputada oficialista, Ada Acuña, del bloque oficialista, presentó un informe de minoría, mientras que el legislador Pablo Sibaja, de Nueva República, anunció que él también también hará lo propio.
Por su parte, la diputada Dinorah Barquero explicó “que sí se le debe a todos los costarricenses toda esa plata, que se quisieron echar a la bolsa”, en referencia a los recursos que se destinaron para las pautas publicitarias de varias instituciones públicas.
La legisladora socialcristiana Vanessa Castro adiciona que la diputada Acuña tergiversa el tema, para hacerlos ver como que nos les interesa lo que, según ella es solo una cuestión de democratización de la pauta.
Castro sostuvo que no está de acuerdo en que se haga uso del poder político para condicionar a los medios de comunicación y la libertad de expresión, poniéndola en entredicho.
Acuña criticó que el informe de mayoría es un documento sin pruebas, aduciendo que se buscaba beneficiar al gobierno utilizando argumentos “del dicho y entre dichos” de las comparecencias de las personas que pasaron por la Comisión.
La diputada Oficialista sostiene incluso, que el fin de la Comisión no se cumplió, ya que lo único que señalan es que hubo favores políticos, pero sin pruebas que demuestren tal hecho señalado en tal informe.
El diputado frenteamplista Ariel Robles agregó que Acuña se encuentra equivocada porque sí existen pruebas, las cuales están anexadas al documento que se aprobó en la comisión.
Robles le reitero a la diputada Acuña “Si a usted no le bastan esos 8000 folios de pruebas para las conclusiones, en que se está fundamentando, es porque está defendiendo una posición política y no técnica”.
