El presidente de la República, Rodrigo Chaves buscará a través de un referéndum que se limiten los alcances de la Contraloría General de la República (CGR).
En la propuesta que presentó ante la Asamblea Legislativa este miércoles, se incluyen una serie de reformas a la Ley Orgánica de la CGR.
“La Contraloría General de la República ejercerá su competencia sobre todos los entes y órganos que integran la Hacienda Pública. Esta misma competencia existe sobre… las participaciones paritarias y minoritarias del Estado o de otros entes u órganos públicos, en sociedades mercantiles. Nacionales o extranjeras”, dice la primera propuesta de reforma.
Más adelante, el texto añade una modificación al artículo 12 de la Ley de creación de la Contraloría, entre otras cosas, para eliminar la potestad de ese ente de emitir criterio previo sobre las acciones de la administración pública.
Esa norma pasaría a leerse de la siguiente manera:
“De conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política es claro que la Contraloría General de la República en el ejercicio de cualquiera de sus funciones, decisiones y actuaciones no podrá sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública en toda su extensión, ni sustituir las competencias de la administración pública activa en sus modalidades de función decisora, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa, ni podrá evaluar previamente la gestión administrativa de la administración pública”.
Y a eso se agrega una modificación para que la CGR no pueda suspender actos o contratos por la vía de resoluciones de los procesos de investigación que lleve a cabo.
“En ningún caso el ejercicio de esa potestad (de investigación) suspenderá la ejecución de los actos y contratos del Estado o sus instituciones, suspensión que solamente podrá efectuarse mediante la respectiva orden judicial de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable al caso”, diría en adelante un nuevo último párrafo en el artículo 22 de la referida ley.
Finalmente, la propuesta de reforma que el Ejecutivo busca que sea respaldado por los electores en un referéndum, incluye una modificación al artículo 9 de la Ley de Control Interno.
Ello, con el fin de que en la parte final se deje claro que “La Contraloría General de la República únicamente podrá actuar a posteriori de las actuaciones administrativas para garantizar su legalidad”.
Es decir, solo una vez que la auditoría interna de una institución se pronuncie sobre una situación, la Contraloría podrá entrar a analizar lo actuado.
Estas reformas fueron defendidas por Chaves como necesarias para fortalecer a la CGR, tesis en que le acompaña la ministra de Planificación y Política Económica, Laura Fernández.
De hecho, esta última se apresuró a aclarar que “cuidado van a decir que se les están restando potestades a la CGR, porque eso no es cierto”.