Cuando todavía se estaba celebrando la aprobación de la ley que permitirá revocar o modificar el beneficio de libertad condicional, que el Gobierno presenta como un paso para mejorar la seguridad, una resolución de la Sala Constitucional cayó como balde de agua fría entre las autoridades.
Precisamente mientras el presidente de la República, Rodrigo Chaves se disponía a firmar la nueva legislación, el ministro de Justicia y Gracia, Gerard Campos recibía el por tanto del voto 2024-002479, en que la Sala Constitucional ordena a la directora del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro que, en el plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de la sentencia, coordine lo necesario para que se disponga de equipos de cómputo a fin de que los privados de libertad puedan consultar sus procesos judiciales.
La Sala resolvió así un recurso de amparo presentado por un privado de libertad que indica que por su condición se le dificulta obtener el testimonio de sentencia en el Tribunal donde fue sentenciado.
La diputada María Marta Carballo, gestora de la iniciativa sobre la libertad condicional, había llegado a Casa Presidencial para atestiguar la firma de la ley. Pero, vio como ese logro conseguido apenas ayer en el Congreso, era opacado con el voto de la Sala Constitucional.
Con respecto a la nueva normativa la diputada Carballo hizo mención que se está trabajando para mejorar la seguridad de los costarricense y poner un límite y parar la “alcahuetería”.
El ministro Campos se quejó: “por un lado luchamos con el acceso al internet con los delitos, las estafas y ahora me obligan a darles computadoras a los más de 15 mil privados de libertad. Así no vamos a ganar esta lucha. Tienen defensa pública, tienen otro medio y ahora tenemos que hacer salas de cómputo”.
Ello, pese a que por ahora la orden emitida por la Sala Constitucional solo abarca un centro penitenciario.
La primera reacción del presidente Rodrigo Chaves fue: “bueno... hablando de alcahueterías... mejor tranquilicémonos y después hablamos al respecto”
Tan pronto se dieron esas reacciones en Casa Presidencial, el Magistrado Presidente de la Sala Constitucional Fernando Castillo, manifestó en un comunicado de prensa que lo que ordenó ese órgano es que se le suministrara al privado de libertad, un instrumento electrónico para que pueda leer su sentencia.
Castillo agregó que de esta resolución no se puede deducir bajo ningún circunstancia que se le entregue a todos los privados de libertad computadoras con acceso a internet.
