El año pasado se atendieron 105 mil denuncias y se atendieron a 137 mil personas por casos de violación de derechos por parte del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
La presidenta ejecutiva de la institución, Kenly Garza compareció ante la Comisión de Derechos Humanos, de la Asamblea Legislativa donde presentó las cifras. A ella se le citó para referirse al financiamiento de las políticas para la niñez y la adolescencia.
Según la jerarca las atenciones se dieron principalmente por conflictos familiares, exposición a drogas, violencia física, verbal y sexual, y negligencia médica.
Junto a esto se suma un nuevo fenómeno como son las conductas disruptivas, que según un estudio publicado en la revista de la Universidad de Costa Rica afectan el desempeño.
“Las conductas disruptivas son comportamientos que entorpecen el correcto funcionamiento del aula. Se consideran como tales, la violación de las normas, la alteración en el trabajo escolar, la oposición a la autoridad docente, las agresiones verbales o físicas a otros compañeros; pero también otras menos graves como hacer ruido, levantarse, interrumpir, hablar con frecuencia, ser irresponsable o mostrar desinterés y desmotivación”.
A raíz de estas denuncias el PANI abre procesos de análisis de la situación para decidir cuál es la medida a tomar para la protección de los menores. Y, en ocasiones debe trasladarlos a la tutela con familiares, a nivel comunitario o en familias acreditadas de maneras que no tengan que estar en algún albergue.
Reducción de recursos
Según los números del Patronato, 17 mil menores de edad se encuentra ubicados en albergues. Garza agregó que es preocupante el actual escenario.
Ello por el aumento de los casos, pues encaran una reducción del presupuesto y eso genera problemas para gestionar los programas, tales como los centros diurnos de cuido que tienen alrededor de 6000 personas.
Según Antonio Ortega, diputado del partido Frente Amplio, al PANI se le redujeron en el presupuesto para este 2024 ¢57 mil millones de colones para subsidios. Ese recorte afecta la atención de los menores de edad.
El legislador amplio que también se suma una reducción del monto que se le gira a las familias que tienen bajo su cuidado menores de edad que están dentro del sistema. De hecho, dijo, se pasó de 132 mil colones a 109 mil, y eso va a impactar en la economía familiar. Por ejemplo, a muchos niños se les estaría privando de la compra de útiles escolares.
La diputada liberacionista Monserrat Ruiz le consulto a la jerarca qué justificación le dio el Ministerio de Hacienda sobre el recorte de los recursos a la Institución, y si sabe a donde van esos dineros que se le quitan a la niñez por parte de Hacienda.
Junto a ese cuestionamiento también la legisladora verdiblanca Sonia Rojas critico a Garza por no defender los presupuestos y mencionó que es cómplice al callar y no salir en defensa del dinero para la atención de los niños.
