La falta de claridad en el financiamiento o el daño que ocasionaría a otros regímenes al restarse aporte estatal fueron algunos de los señalamientos que hicieron varios expertos sobre el proyecto de Ley de creación de la Pensión Básica Universal (expediente 23.625).
Ello en el marco del Foro de Pensiones 2024, organizado por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA).
Otro de los señalamientos fue que el proyecto no define qué sucede con los derechos sucesorios. Además, deja el derecho al aguinaldo sujeto a las condiciones fiscales o económicas del país.
De aprobarse la ley, primero deberá consolidarse el fondo, lo que implica comenzar a otorgar las primeras pensiones al menos dentro de 30 años.
Sin embargo, eso dejaría en incertidumbre a más de 40 mil personas que hoy no tienen pensión, más aquellos que llegan al retiro antes de ese plazo.
“Estamos de acuerdo en hablar de la universalización, pero bajo parámetros que no lesionen los otros regímenes. Es urgente que se considere fortalecer al IVM de la CCSS y que el centro y objetivo final de toda acción es el bienestar de las personas, no ahorrarle recursos al fisco”, expresó Carlos Arias, director ejecutivo de JUPEMA.
Contradicciones en el expediente
Ifigenia Fallas, jefa del Departamento Actuarial de JUPEMA, manifestó que existen varias contradicciones en el expediente.
En esa línea, mencionó que el proyecto establece beneficiar a aquellas personas con 40 años de residencia, ya sea nacional o extranjero, mayores de la edad de retiro de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y que no reciban ingresos de instituciones públicas.
“Sin embargo, el proyecto es claro en determinar que, no serán candidatos a este beneficio aquellas personas que reciben un beneficio de algún régimen no contributivo o con cargo al presupuesto nacional, sin siquiera valuar su estado o condición de pobreza”, explicó Fallas.
Añadió que, eso contradice la creación del régimen, que es disminuir la pobreza durante la vejez.
Por otra parte, comentó que sobre el monto de beneficio, el artículo 4 menciona que sería igual al que otorga el Régimen No Contributivo (RNC) que es de 82 mil colones.
No obstante, en el artículo 8 se establece una fórmula para calcular un salario que se utilizaría como referencia para determinar el beneficio del régimen. “Por lo que no queda claro entonces si el beneficio va a ser igual al que otorga actualmente el RNC o si se va a utilizar esa fórmula para determinar el beneficio”, expresó Fallas.
Otras consideraciones que señaló Fallas sobre el proyecto fueron:
- El Estado deja de aportar sobre los salarios de los trabajadores.
- Se deben ajustar las pensiones por vejez otorgadas antes de los 65 años, lo cual incrementa la complejidad administrativa y el riesgo operativo de los regímenes básicos.
- No establece procedimientos a seguir con los derechos sucesorios.
- Obliga a sustituir parte del beneficio por invalidez por la Pensión Básica Universal.
- Limita el pago del aguinaldo.
Sin dotación de recursos para la administración
La funcionaria de JUPEMA indicó que el proyecto propone que la CCSS sea la encargada de administrar el régimen de Pensión Básica Universal.
Sin embargo, no específica la dotación de recursos necesarios para financiar esa administración.
Asimismo, señaló que incluye mecanismos como la política de solvencia y un mínimo de solvencia tolerable, pero aplicados al IVM y no a la Pensión Básica Universal.
