La Procuraduría de la Ética Pública (PEP), se apersonó al proceso penal número 23-369-1218-PE, relacionado con la sustracción de ¢3.293 millones de las bóvedas del Banco Nacional, denominado por las autoridades como “Gallo tapado”.
Lo hace en su función de Abogado del Estado, ante el perjuicio que sufrió un banco estatal, por actuaciones realizadas por funcionarios públicos.
“Al estar vinculados funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, en aparente violación al deber de probidad, colaboraremos con el Ministerio Público en procura de sentar la responsabilidad penal, así como la responsabilidad civil por el daño social que se haya generado con ocasión de estos hechos”, señaló la PEP.
La inclusión de la PEP se da poco después de que el Ministerio Público, con el apoyo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) procedieran a realizar 11 allanamientos, entre casas de habitación de los siete implicados y de las oficinas centrales del Banco Nacional en el centro de la capital.
La Fiscalía General de la República abrió una investigación luego de que las autoridades del BN reconocieran la existencia del millonario faltante.
Los hechos se conocían desde el 3 de octubre anterior, pero no fue hasta martes 24 de octubre que el BN comunicó lo sucedido y presentó, hasta ese día denuncia formal a la Fiscalía.
Por esta causa están siendo investigadas 9 personas, de las cuales, 1 ya no labora para la entidad bancaria pues se acogió a su jubilación recientemente y otro es un oficial de seguridad privada.
Precisamente, el oficial de seguridad, de apellidos Bolaños Zúñiga, y la directora jurídica del Banco, de apellidos Herrera Cantillo, son los únicos para los cuáles el Ministerio Público no solicitó medidas cautelares, aunque continuarán apegados al proceso.
Las otras siete personas se mantienen a las órdenes del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, a fin de que se determine su situación jurídica. La Fiscalía pidió medidas cautelares contra todo ellos.
Las autoridades del Banco Nacional suspendieron, con goce de salario a 7 funcionarios, como medida cautelar interna, mientras se determina la verdad real de los hechos.
Los que figuran dentro de la causa y fueron detenidos están identificados con los siguientes apellidos:
- Olivas Valle (tesorero)
- Madrigal Faerron (jefe de tesorería)
- Cerdas Méndez (evaluadora del procesamiento de efectivo)
- Hernández Saborío (contador)
- Ugalde Morales (supervisor de tesorería)
- Blanco Oviedo (supervisor)
- Ramírez Sandí (Supervisor del Proceso de Efectivo)
En sobres de manila
Producto de las pesquisas iniciales, el OIJ pudo determinar que la sustracción se realizó en diferentes momentos a lo largo de al menos cuatro años y el dinero salió en sobres de manila.
Según pudo determinar el OIJ, desde el 2019, el Banco Nacional no realizó los arqueos correspondientes, sino que fue hasta agosto anterior y a principios de octubre se detectó el millonario faltante.
Al informar sobre el caso, Carlo Díaz, Fiscal General, criticó que, al parecer, en el Banco no se realizaron o al menos no correctamente, los arqueos establecidos, ni las auditorías pertinentes.
Según Díaz, el “tesorero de rango menor” (Olivas Valle) se habría aprovechado de los puntos ciegos en las cámaras de seguridad para tomar el dinero y trasladarlo a otro punto ciego, donde se encargaba de guardarlo en sobres de manila, con los que transitaba libremente por toda la institución hasta guardarlos en su casillero personal.
Tras terminar la jornada laboral, salía de la entidad bancaria, con el dinero y sin que fuera detenido.
El caso ha sido denominado como “Gallo Tapado” por parte del Ministerio Público, ya que, se tiene el indicio de que el sujeto habría invertido gran parte del dinero en juegos de azar como la lotería. Se estima que llegó gastar hasta ¢3 millones diarios.
Las autoridades del BN indicaron que están prestas a colaborar en la causa judicial que está abierta.
