Zeirith Rojas, vicepresidente de la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se mostró sorprendido ante el hecho de que la presidenta ejecutiva de la entidad, Marta Esquivel, recibe un salario por encima del tope máximo establecido por la ley.
Esa fue su reacción ante una consulta efectuada por www.despertar.cr y sostuvo que, no será hasta la primera sesión del 2024, en la segunda semana de enero, que la junta directiva de la Caja verá el tema.
El 19 de diciembre pasado, la Contraloría General de la República (CGR) determinó que Esquivel recibe un salario más alto de lo establecido para el cargo que ostenta, con lo cual incurre en una infracción a la Ley de Salarios de la Administración Pública.
De acuerdo con la ley, el salario de Esquivel debe ser de hasta por un máximo de ¢5.565.000 por mes. Pero desde su nombramiento, en setiembre del 2022, recibe un salario único de ¢7.158.848, lo que supone algo más de ¢1,5 millones por encima del límite.
Sobre el particular, se le consultó a Rojas si en algún momento, alguno de los miembros de la Junta Directiva había externado alguna preocupación por el salario de Esquivel, a lo que respondió que no.
“Ese ha sido, me imagino, un tema privado de ella. Yo no conozco que en algún momento se haya discutido, allí en junta directiva, el salario de doña Marta ni que alguien lo hubiera cuestionado, ni mucho menos.
“Se daba por un hecho que recibía el salario que correspondía. Esa ha sido la tónica, por lo menos en lo que a mí respecta”, aseguró Rojas.
Agregó que “con el informe de la Contraloría toma por sorpresa. Tendremos que analizar y proceder, a ver cuál es el acuerdo que toma la Junta”.
La CGR fue enfática al indicar en el informe, que le corresponderá a ese cuerpo colegiado de la Caja ajustar el salario de Esquivel hasta el tope máximo establecido por la ley y que deberá gestionar la recuperación de los montos pagados de más por concepto de salarios y otros componentes como aguinaldos, salario escolar, cargas sociales y fondo de capitalización laboral.
Ese órgano reseñó que el artículo 42 de la Ley de Salarios de la Administración Pública establece que los funcionarios públicos no podrán devengar más del equivalente a 20 salarios base por mes, aspecto que fue reafirmado por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
“La infracción a esta normativa legal supone una afectación a la Hacienda Pública, toda vez que implica una erogación de fondos públicos superior a la establecida por el legislador”, recalcó la CGR.
Cuando se le consultó a Rojas sobre el ajuste de salario y la recuperación de los montos pagados de más, manifestó que "esa es la indicación de la Contraloría. La junta directiva es un órgano colegiado. Tiene que analizarlo en conjunto (el oficio) y tomar la decisión en conjunto".
