La Gerencia de Pensiones, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tiene una presa en solicitudes de pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) que supera los 28.850 peticiones con corte a enero anterior y la entidad requerirá de dos años y medio para resolverla.
La razón es que la CCSS carece de los recursos para el pago de estas pensiones. Y pues son los ministerios de Trabajo y de Hacienda los que deben girar el contenido económico para que la entidad aseguradora haga la gestión, pues por ley le corresponde la administración de las pensiones del RNC.
Más del 88% se trata de personas que no reciben la ayuda del Estado, se encuentran en pobreza o en pobreza extrema.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones, indicó en sesión de Junta Directiva que, pese a los compromisos del Poder Ejecutivo de trasladar la totalidad de los recursos, eso no ocurre.
Anualmente, por metas establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo (PND) la CCSS debe aprobar 5.000 pensiones nuevas de RNC, pero según Barrantes, se han aprobado, en la mayoría de los años, la cifra real ronda entre los 6.000 y los 7.000.
Faltante de ¢8.000 millones
Barrantes externó que la CCSS está en capacidad de aprobar alrededor de 13.000 pensiones del RCN, pero que se requiere que el Gobierno proceda a la transferencia anual de los recursos para hacer los pagos.
Si se contara con los dineros, los casos pendientes bajarían de manera importante.
Barrantes explicó que, para el 2024, para hacerle a las responsabilidades actuales se requerirán de ¢210.000 millones, pero se tienen asignados ¢180.014 millones.
En este sentido comentó que se tendrá que usar una contingencia que tiene el régimen, así como aportes de las operadoras de pensiones, pero pese a ello queda un hueco de poco más de ¢8.000 millones.
“Si no nos dan los ¢8.000 millones, no podremos dar más pensiones”, afirmó Barrantes, quien recomendó que se suspendiera la recepción de nuevas solicitudes a partir del 4 de marzo hasta diciembre del 2025, pero la sugerencia fue denegada por la Junta Directiva de la CCSS.
Barrantes estimó que, para el 2025, el déficit rondaría los ¢34.000 millones.
En la actualidad, los beneficiarios de pensiones no contributivas rondan los 145.000 y se trata de personas que están en pobreza o pobreza extrema, o personas con Parálisis Cerebral Profunda (PCP) y los recursos son aportados por el Gobierno.
En el caso de las personas en pobreza, el monto del subsidio es de ¢82.000 y los de PCP es de ¢352.164.
La Junta Directiva acordó conformar un grupo integrado por las gerencias Financiera y de Pensiones, a fin de hacer un estudio profundo del tema y se sume la Presidencia Ejecutiva para poder explicar la situación a las autoridades del Poder Ejecutivo.
