La Dirección de Planificación del Poder Judicial presentó el proyecto de presupuesto del 2025 por el orden de ¢521.000 millones, el cual fue fue aprobado por la Corte Plena.
La votación fue unánime, al tiempo que se aprobó enviar al Ministerio de Hacienda una nota con los requerimientos del Poder Judicial que no tienen un monto presupuestado.
Alan Pow Hing Cordero, director de Planificación del Poder Judicial comentó que los ¢521.000 millones incorporan el quehacer de todas las dependencias, además de las reformas aprobadas para los juzgados de Familia y Agrario, la construcción del Complejo Judicial de Buenos Aires, en Puntarenas y de seguridad institucional.
Detalló que el Ministerio de Hacienda, inicialmente estableció como límite de gasto corriente la suma de ¢484 mil millones, mientras que por gasto de capital se suman ¢21.000, para un total de ¢506.000 millones.
Pero este lunes, Hacienda, una hora antes de la exposición del proyecto presupuestario a la Corte Plena, envió una nota en la que aprueba el giro adicional de ¢15.070 millones, para alcanzar el total de ¢521.145 millones.
Con ello, se destinarán ¢490.834 millones para gastos corrientes, más ¢30.311 millones para gastos de capital.
“El porcentaje de variación con respecto al año anterior es de 3,35% es decir, aún así es inferior al límite que estableció el Ministerio de Hacienda para el resto de las instituciones públicas a nivel nacional”, afirmó Hing.
Aseveró que, a la hora de planificar sus gastos e inversiones, el Poder Judicial establece cuáles son sus planes, proyectos y programas a realizar, conforme con el plan estratégico institucional.
Agregó que el presupuesto se sustentó en los planes de más de 800 oficinas, que presentaron 5.575 metas operativas, de las cuales 238 metas estratégicas están vinculados con la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
“Si bien es cierto existe un monto de presupuesto mayor al año anterior, pero en términos reales no lo hay, sino que siempre hay una afectación. Hay un recorte bastante significativo. (…) Simplemente, al Poder Judicial se le han asignado una serie de nuevas responsabilidades lo que conlleva que, sí o sí, estas nuevas responsabilidades deben ir acompañadas de la asignación de recursos”, adujo Hing.
Los recursos solicitados al Ministerio de Hacienda son para que sean incorporados en el Presupuesto Nacional del 2025.
Condiciones de Hacienda
Hing sostuvo que Hacienda estableció una serie de condiciones en torno al presupuesto del Poder Judicial.
Por ejemplo, se les solicitó destinar recursos para proyectos de infraestructura del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como para la confección de los planos para el Complejo Judicial de Medicina Legal en Buenos Aires.
Además, Hacienda condicionó que, para el OIJ, se deben destinar ¢3.872 millones. El funcionario indicó que para el 2025, no se comprarán vehículos nuevos, en el caso de equipos tecnológicos sólo se registrará un incremento del 3,08%.
En lo que respecta a construcciones, el Poder Judicial tendrá una reducción del 37% con respecto al 2024, para hacerle frente a las reformas que entrarán en vigencia.
Presupuesto extraordinario
Tras conversaciones con Hacienda, se enfatizó en la implementación del Código Procesal de Familia, que considera la creación de 104 plazas y siete recalificaciones para un total de ¢3.895 millones.
Por otra parte, “mediante esta conversación, ya se inició el proceso de formulación de presupuesto de forma extraordinaria para este 2024 con el fin de poder iniciar el 1° de octubre con la Reforma de Familia que entra en vigencia este mismo año.
“Estamos a la espera de que se remita la solicitud ante la Asamblea Legislativa para que comiencen el conocimiento de esta propuesta de presupuesto extraordinaria”, añadió.
Asimismo, argumentó que en lo referente al Código Procesal Agrario, se estima un total de 26 plazas nuevas más 10 plazas de choferes adscritas a las administraciones regionales.
Explicó que el Código comenzará a regir el 28 de febrero del 2025, por lo que se formuló el presupuesto por 10 meses, de marzo a diciembre del año próximo, por ¢910 millones.
También hay cambios a leyes como el de Bienestar Animal que implican ¢591 millones; reformas a la Justicia Restaurativa que suponen ¢1.422 millones; y la nueva Ley de Contratación Pública que contempla necesidades por ¢577 millones.
“Son compromisos que tiene el Poder Judicial y aún no le han sido otorgados los recursos presupuestarios al respecto”, mencionó Hing.
