La ministra de Planificación y Política Económica, Laura Fernández acusó a la contralora general, Marta Acosta de mentir en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, el pasado 20 de marzo, cuando fue citada para explicar la posición de esa entidad en torno al proyecto Ciudad Gobierno.
Específicamente, se le pidió a Acosta opinión sobre las iniciativas de ley 24.100 “Interpretación auténtica de los artículos 66 y 77 de la Ley General de Contratación Pública, Ley No. 9986” y la 24.099 “Reforma de los artículos 66 y 77 de la Ley General de Contratación Pública, Ley No. 9986”.
Al día siguiente de la comparecencia de Acosta, Fernández remitió a los medios de comunicación un video en donde desvirtuaba las manifestaciones de la contralora e insistía en insinuar que la oposición de ese ente al proyecto tal cual pretende desarrollar el Poder Ejecutivo, busca beneficiar a alguien en particular.
www.despertar.cr se guardó las declaraciones unilaterales de la ministra Fernández a la espera de que la funcionaria respondiera una serie de preguntas que surgieron de ellas. Pero, a la fecha, no ha habido respuesta.
En su comparecencia, el 20 de marzo anterior, Acosta alertó a los diputados que el Ejecutivo busca eliminar una serie de requisitos para desarrollar obra pública, algo que no se limitaría al proyecto Ciudad Gobierno, sino a todo lo que ser de a futuro.
Y dijo que la interpretación auténtica que se pretende es en realidad una reforma a la ley, pues se cambia el sentido de la normativa vigente.
Lo que pretende el Gobierno es que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se encargue de todo el proceso desde la contratación, diseño, construcción y mantenimiento del Proyecto de Ciudad Gobierno, para lo cual destinaría $450 millones.
La particularidad de la iniciativa es que la misma se desarrollaría en terrenos propios del Estado y por el cual el Gobierno pagaría alquiler al BCIE.
"Y me extraña mucho que la Contraloría haya, de cierta forma, sembrado dudas sobre cosas que ya sabe que no son ciertas, porque el Gobierno de la República se lo ha aclarado, incluso, en el recurso de apelación que nosotros le presentamos", señaló la ministra.
Añadió que el BCIE ha sido enfático en que ellos están anuentes a aplicar los principios generales contemplados en esa ley.
“También sabe la Contraloría, porque se lo hemos dicho por escrito, que habrá un concurso internacional conducido por el BCIE, el cual será incluido en la página del SICOP. Por otro lado, el BCIE propiciará una licitación de naturaleza internacional, para la construcción de Ciudad Gobierno”, manifestó Fernández.
Y amplió: “El BCIE estaría asumiendo los riesgos en los diseños, en la construcción, en la operación y también en el mantenimiento. Eso es un modelo que le conviene muchísimo a nuestro país, porque todos los riesgos, como dije, están siendo asumidos por otro y no por el gobierno de la República.
“Al propiciarse una licitación internacional todos los ahorros que de ella se generen se le traslada de inmediato al Gobierno de la República, es decir, a los costarricenses, porque si en esa licitación internacional se determina un precio inferior al que inicialmente el BCIE ha dicho que puede asumir, esas ventajas se trasladan al costo del proyecto. El mejor precio se le traslada de inmediato al Gobierno de la República”, apuntó Fernández.
Y aquí volvió a acusar falsedad por parte de Acosta, en relación con el destino de los edificios que se construirían en el marco del proyecto.
"Es absolutamente falso que no hay un traslado de los edificios al Gobierno. Es también absolutamente falso que no habría un contrato con plazo fijo para esta operación. No es propio empezar a incluir dentro de la discusión de un proyecto tan importante temas para sembrar dudas infundadas que solamente desinforman", afirmó Fernández.
Además cuestionó el hecho de que en el pasado, el gobierno no realizó concursos para el alquiler de edificios que alberga a varias instancias y por los cuales paga “miles de millones de colones”.
Lo que no dice la jerarca es que dichas contrataciones se dan en edificaciones y terrenos de terceros y no en lotes del mismo gobierno.
“¿Cuántos de esos contratos actuales han sido refrendados por la Contraloría? Que yo sepa, ninguno. Entonces, me llama poderosamente la atención que se quiera defender a ultranza un modelo de alquileres actual que en ninguna parte promueve la transparencia, la búsqueda de los mejores precios y que tampoco hacen concursos que tampoco tienen refrendo de la Contraloría y que ahí sí, porque ahí sí, se elige a dedo los edificios que alquila el gobierno”, mencionó Fernández.
Preguntas sin respuestas
En vista de que la ministra se limitó a divulgar sus declaraciones en video, www.despertar.cr le remitió una serie de preguntas en relación con los señalamientos que hizo allí.
Sin embargo, pese a que esa gestión se hizo el 21 de marzo pasado, a la fecha el silencio ha sido la norma. Ciertamente, El 22 de marzo anterior, el vocero de prensa del MIDEPLAN, Jonnathan Naranjo informó, ante consulta de este medio de comunicación sobre el destino de las consultas, que “Está en manos del técnico. Apenas me la brinde se la hago llegar”. Desde entonces no hemos tenido ninguna respuesta.
Las consultas que siguen pendientes de una respuestas son las siguientes:
- ¿Cuál es la similitud existente entre el proceso de alquiler del edificio que fue construido en un terreno de un tercero con respecto a lo que se pretende con Ciudad Gobierno, que es construir en lotes del Estado y que un tercero diseñe, construya y alquile al Gobierno un bien en terrenos del propio Estado?
- ¿Existen documentos en los cuales se indique que el BCIE hará la licitación y el concurso internacional para el proyecto Ciudad Gobierno, así como el asumir los riesgos en los diferentes procesos requeridos para el desarrollo del proyecto?, ¿Cuándo se llegó a ese acuerdo con el BCIE?, ¿Podemos tener acceso a esos documentos?, ¿En qué sustenta que la Contralora miente al respecto?
- ¿Por qué insiste en indicar que la CGR busca defender un modelo tradicional de alquileres y que busca beneficiar a alguien?
- ¿Por qué presentó una interpretación auténtica y una reforma a los dos artículos 67 y 77 de la LGCP?
- ¿Por qué si lo que quieren es un mecanismo para Ciudad Gobierno, no presentaron un proyecto de ley sólo para esa iniciativa, pero en vez de eso presentaron una reforma que se aplicará para otros proyectos futuros?
