La propuesta del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) de ampliar, por un año, los títulos habilitantes de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre y gratuito, carece de criterios técnicos y legales.
Así lo advirtió la Defensoría de los Habitantes, que señaló que ese plazo haría nugatorio el derecho de los concesionarios que hayan solicitado, en tiempo y forma, la ampliación.
Esta es una de las consideraciones emitidas por la Defensoría, que manifestó su oposición al proyecto de decreto que busca la reforma parcial al Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones para extender, por un año, los títulos habilitantes de los concesionarios de radio y televisión, ante el vencimiento de las concesiones el 28 de junio del año en curso.
Asimismo, para la Defensoría resulta injustificable que el Gobierno no haya adoptado, con la antelación necesaria “las medidas y coordinaciones oportunas y necesarias que permitieran contar en tiempo, no sólo con los estudios técnicos, sino además con los requerimientos necesarios para haber realizado los procedimientos correspondientes, tanto para llevar a cabo la ampliación, como para la elaboración de los carteles para los concursos para adjudicación de las concesiones, previo a su vencimiento, es decir, a partir del mes de junio del presente año”.
La institución señaló que el Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones vigente estableció un procedimiento para ampliar las concesiones por un plazo que no supere el máximo de ley, que es de 25 años.
“…situación que otorga el derecho a los concesionarios que, en cumplimiento del artículo 33 del Reglamento, hayan planteado dicha solicitud de prórroga, por el plazo señalado, por lo que se deberán atener a las solicitudes planteadas mediante resolución motivada”, señaló la Defensoría en comunicado de prensa.
El artículo 33 del Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones señala lo siguiente:
“Plazos y prórroga. Las concesiones de frecuencias para la operación y explotación de redes públicas de telecomunicaciones se otorgarán por un período máximo de quince años, prorrogable a solicitud de parte, hasta por un período que sumado con el inicial y el de las prórrogas anteriores no exceda veinticinco años. La solicitud de prórroga deberá ser presentada por lo menos dieciocho meses antes de su expiración, ante el Poder Ejecutivo, quien dentro de los cinco (5) días naturales siguientes, solicitará criterio técnico a la SUTEL, la cual dentro de los treinta (30) días naturales contados a partir de la fecha de la recepción de la solicitud de criterio técnico, revisará la solicitud y notificará al Poder Ejecutivo su recomendación técnica.
El período de duración de la prórroga de la concesión inicia a partir de la fecha en que se notifique el refrendo contralor”.
Limitada discusión
La Defensoría es del criterio que la discusión en relación con el tema de las frecuencias para radio y televisión ha sido limitada, ya que sólo se ha centrado en aspectos como la prórroga, actos preparatorios de concesión y el canon, sin tomar en consideración, como lo han externado la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), en el sentido de que el país carece de un marco regulatorio integral en relación con la materia.
“Se hace un llamado vehemente a las autoridades del gobierno, para que, en conjunto con los demás actores interesados, se pueda aprovechar el tiempo restante para el vencimiento de las concesiones, que permitan a Costa Rica contar con una nueva ley que venga a regular el tema de radio y televisión con criterios actuales, que permita adoptar medidas razonables en materia técnica y legal del uso de frecuencias”, detalló la Defensoría.
Añadió que “en términos generales, de continuar con la línea aquí planteada por el gobierno, de limitar al plazo a un año y a la discusión de temas de concesión y cánones, Costa Rica pierde la oportunidad de tomar decisiones con visión de futuro, al quedar nuevamente amarrado a concesiones por 25 años; concesiones que serán otorgadas bajo parámetros que no se ajustan, como se ha señalado, a criterios tanto técnicos como legales actualizados y por tanto con falta de visión a futuro, en un tema que resulta tan cambiante, como lo es el tema tecnológico”.
La Defensoría también apuntó que "resulta pertinente otorgar a este país la oportunidad de darse un plazo razonable para que, en un ejercicio democrático, participativo y principalmente en aras de garantizar derechos humanos fundamentales, el Estado adopte una nueva ley en materia de radio y televisión que, adicionalmente, incorpore criterios técnicos y legales modernos y actualizados, y sobre todo con la posibilidad de anticiparse a los cambios".
Angie Cruickshank, defensora de los Habitantes, dijo que una vez que el país cuente con una ley propia, moderna y con visión de futuro en materia de radio y televisión, se “dispersarán los nublados del día, al contarse con los criterios técnicos y legales, que sirvan a la construcción de una política pública y un nuevo Plan Nacional de atribución de Frecuencias, que darán como resultado las bases técnicas y legales de cara a la elaboración del cartel de licitación o procedimiento concursal, para la concesión que nos regirá por los próximos 25 años”.
El MICITT sacó a consulta pública la reforma parcial al reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones, pero aún no da el paso siguiente en el proceso.
