Desde hace décadas, el país adoptó el compromiso de avanzar en materia ambiental para lo cual definió una serie de acciones tendientes a lograr la sostenibilidad y la armonía con el ambiente. Pero ahora se cayó en un estancamiento.
Eso, al punto que, de acuerdo con el Informe del Estado de la Nación “la respuesta institucional es débil y contradictoria”, para lograr avances en materia de sostenibilidad.
Karen Chacón Araya, investigadora del Programa Estado de la Nación reconoció que Costa Rica es muy activo en la adopción de normas en materia ambiental. Tanto así que en los noventa se adoptaron instrumentos a fin de medir el impacto en la materia y se procedió a la recuperación de cobertura forestal. Pero ese ímpetu tuvo una desaceleración.
Explicó que se realizó un estudio exploratorio sobre cómo se moviliza el país en términos de la política ambiental y sus patrones versus sus metas y aspiraciones ambientales.
Para esto, se analizaron 10 metas y aspiraciones y se identificaron los avances y los retrocesos.
Chacón mencionó que estudio la carbono neutralidad y la descarbonización de la economía Costa Rica tiene avances formales con la aprobación de la política pública en la materia.
La investigadora determinó que, pese a la aprobación de la política pública “no se observaron cambios en cuanto al consumo energético, pues en el 2022 siguió aumentando la importación de los derivados del petróleo para cubrir la demanda nacional.
“Y esto significa que tampoco hubo modificaciones en términos de la matriz energética y tampoco a los efectos que esa composición de la matriz energética genera, por ejemplo, en términos de las situaciones contaminantes”, afirmó Chacón.
Regresión ambiental
En el informe del Estado de la Nación 2023, se detallan dentro de la regresión en materia de sostenibilidad ambiental aspectos como el estancamiento en el sistema de transporte y los patrones de movilidad, la ausencia de un abordaje integral de las emisiones de gases de efecto invernadero que aumentan por el uso de hidrocarburos importados.
Además, el crecimiento de la flota vehicular y la creciente huella de carbono. “En síntesis, impiden alcanzar la carbono neutralidad y la descarbonización de la economía nacional”.
“Pese a las fortalezas en conservación, el balance en materia ambiental sigue siendo insostenible. Particularmente, la matriz energética de Costa Rica genera impactos crecientes e implica riesgos para un uso viable y seguro de la energía. Mantener esta tendencia de consumo en el largo plazo conllevaría a un retroceso en esta materia”, señaló Chacón.
Se reconoce que Costa Rica tiene grandes fortalezas en materia ambiental, tanto en cobertura boscosa como en los territorios bajo esquemas de protección. Pero, al mismo tiempo, el estudio alerta sobre los riesgos de retroceso por la constante insostenibilidad en el uso de la energía y el agua. También por las crecientes amenazas a la biodiversidad y ecosistemas y la reducción de recursos institucionales.
Sobre este último punto, en el documento se detalla que, en el 2022 se adoptaron 144 nuevas disposiciones en materia ambiental. No obstante, se incrementó el número de denuncias en este campo y hubo una reducción de los recursos orientados a tareas de control y fiscalización ante mayores presiones y conflictos ambientales.
Por otro lado, entre 2020 y 2022 disminuyeron en un 70,2% las horas que dedica el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) a control, prevención y protección de los bienes naturales.
Más amenazas
Del informe se desprende, además, en lo que corresponde a los recursos hídricos, un panorama de menor capacidad para cubrir la demanda, entre el 2021 y 2022. Mientras que el país registró un aumento en el volumen de agua concesionada.
Además, Chacón añadió que el país registró una situación “atípica” en 2022 que fue una reducción en la cobertura de agua potable a nivel nacional, que pasó del 95,7% en 2021 al 89,9% el año pasado.
Dicha reducción afectó mayoritariamente los sistemas de acueductos comunales, se desprende del documento.
Entre otros riesgos documentados en el Informe, la investigadora destaca que es importante prestar atención a los incendios forestales, cuya incidencia afectó 43.319 hectáreas en 2022, un aumento del 91,5% respecto a 2021.
Estos incendios tienen graves consecuencias ambientales, incluyendo la destrucción de bosques, la pérdida de suelo fértil y un incremento en las emisiones de gases contaminantes.
