Los magistrados de la Sala Constitucional ordenaron a las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) seguir el proceso de reclutamiento para ser agente de la Fuerza Pública, a una persona portadora del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), luego de declarar parcialmente con lugar un recurso de amparo presentado.
La accionante indicó que tras realizar la prueba psicológica la cual aprobó, se apersonó a realizar la prueba médica. Pero al presentar su epicrisis que detalla que es VIH positiva, el doctor la rechazó de manera inmediata.
Considera que se le discriminó, pues se le indicó que “su condición médica se encuentra entre los rangos por los cuales se descarta la prueba para el reclutamiento. Espero que entienda, que es por las enfermedades oportunistas que puedan aparecer, y es probable que usted no aguante el entrenamiento físico en la academia”.
Añadió que solicitó que se le indicara, por escrito, la causa por la que fue desestimada su prueba médica, pero no tuvo respuesta. Así, se le lesionó su derecho al trabajo.
Curiosamente, un médico especialista al que la Sala le pidió criterio previo a resolver este asunto, estableció que la recurrente "podrá ejercer labor profesional como policía de la Fuerza Pública pues goza de adecuada condición física y no presenta síntomas objetivos que le incapaciten para su desempeño ocupacional".
Y previo a ese señalamiento, el mismo profesional dejó claro que la mujer "es portadora del VIH... sin antecedentes de complicaciones o infecciones oportunistas; que tiene anti retrovirales, que ha mantenido una carga viral indetectable desde el inicio del tratamiento, y al parecer, con buena adherencia al mismo. Por lo anterior, esta paciente no está en estadío de SIDA".
“Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Mario Enrique Zamora Cordero y a Cecilia Fernández Castro, en su respectiva condición de ministro y directora de Recursos Humanos, ambos del Ministerio de Seguridad Pública, o quienes en su lugar ejerzan el cargo, adoptar inmediatamente las medidas necesarias para que la recurrente continúe su proceso de reclutamiento como Agente de la Fuerza Pública y, de cumplir los requisitos necesarios, se resuelva lo que en derecho corresponda, sin discriminación alguna”, dice el por tanto de la Sala IV.
Se condenó al Estado al pago de las costas procesales, así como los daños y perjuicios ocasionados.
