La interpretación del concepto de inmunidad para funcionarios públicos tiene enfrentadas a la ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller y la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank.
La diferencia arrancó cuando la jerarca de Educación rehuyó su responsabilidad de rendir cuentas ante la Defensoría por atrasos en el pago de los salarios a educadores y a personal administrativo de ese Ministerio.
La justificación dada por Müller, para no acudir a la cita que estaba prevista para el lunes anterior, es que tiene inmunidad y, por lo tanto, no debe responder a la citación realizada por la Defensora de los Habitantes.
Pero Cruickshank le indicó a Müller que la interpretación jurídica a la que recurrió para justificar su no asistencia es errada, improcedente y roza con los principios básicos del ordenamiento jurídica.
Müller aseguró que antes de enviar una carta a la Defensora el lunes anterior, le comunicó, vía telefónica, la razón por la cual no atendería la citación.
“Con total respeto a la institucionalidad de este país, no acudí al llamado de la Defensoría de los Habitantes porque me convocó por medio de una citación personal que los mecanismos jurídicos no le permiten hacer.
“Tanto el artículo 12.3 de la Ley de Defensoría de los Habitantes de la República como el artículo 143 de la Constitución Política respaldan mi actuar”, apuntó Müller en un video de esos que ahora por moda envían a los medios de comunicación las oficinas de prensa de las entidades públicas cuando los jerarcas no quieren enfrentar a los periodistas.
Según Müller, envió otro oficio a Cruickshank en el que le indica que tiene la voluntad de recibirla en su despacho el 17 de junio, a las 2:00 p.m.
El artículo 12 inciso 3, de la Ley de la Defensoría de los Habitantes señala lo siguiente:
Artículo 12- Ámbito de competencia y obligación de comparecer.
3.- Los funcionarios públicos, citados por la Defensoría de los Habitantes de la República deben comparecer personalmente, el día y la hora señalados; si no se presentaren podrán ser obligados a comparecer por medio de la Fuerza Pública, salvo en los casos de legítimo impedimento. Se exceptúan los funcionarios que gozan de inmunidad.
La justificación trascendió luego de que este martes, la Defensora de los Habitantes junto con su equipo, llegaran de sorpresa a la Dirección de Talento Humano del MEP, para pedir cuentas sobre las razones por las cuales hay 69.000 reclamos por problemas de atrasos de pagos salariales a docentes y personal administrativo.
Interpretación jurídica errada
“La posibilidad de citar a funcionarias y funcionarios públicos para que rindan cuentas de su labor, debe entenderse entonces en armonía con los principios del Estado Social y Democrático de Derecho, de manera que, como ya se indicó, no hay ámbitos ni sujetos exentos del cumplimiento de ese deber.
“Es por ello, que llama la atención lo que se aduce en su oficio respecto al régimen de inmunidades”, respondió Cruickshank a la ministra.
A esto sumó que “el régimen de inmunidades, señora Ministra, está dispuesto, según lo establece el artículo 110 de la Constitución Política, en función de garantizar a quien la ostente, la posibilidad de no ser arrestado por causa civil o de no ser responsable por las opiniones que emita; sea entonces que la norma está prevista en función de constituir un respaldo para el acreedor o titular de esa condición, en cuanto a aquellas actuaciones represivas que puedan operar en su perjuicio".
Cruickshank, enfatizó que, en el caso particular, con la inmunidad aludida por Müller se pretende constituir una justificante para que la persona servidora pública evada la responsabilidad de publicitar su gestión y de garantizar, con ello, ese deber de rendición de cuentas y transparencia que posee todo funcionario por el ejercicio de funciones públicas de interés para todo habitante.
En su misiva la Defensora de los Habitantes fue enfática en que ni el articulado en el cual Müller se ampara ni tampoco el 27 del Reglamento a la Ley de la Defensoría de los Habitantes, hacen referencia a una prohibición de asistencia del funcionario que ostenta inmunidad, “porque sería contrario en función de la condición de contralor de la Defensoría de los Habitantes”.
No es la primera vez que la Defensoría de los Habitantes cita a funcionarios públicos. Anteriormente ha llamado a ministros, presidentes ejecutivos de instituciones autónomas, gerentes bancarios, directores del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), fiscales generales, entre otros, y todos acudieron.
Sí es la primera vez que, un ministro señala que no atenderá la citación porque tiene inmunidad.
Lo que no queda claro en la carta es si Cruickshank aceptará o no la fecha, hora y lugar de reunión planteada por Müller.
