Para el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, es un error que se hable de que pretenden usar carpas como cárceles cuando los equipos técnicos se encuentran en el análisis del proyecto de construcciones livianas.
Al mismo tiempo, señaló que han sido responsables al mover de su presupuesto casi ¢1.300 millones que no podrían ejecutar y pidiéndole la diferencia al Ministerio de Hacienda para tener el presupuesto para poder hacerle frente a la decisión final.
Así lo indicó ante los diputados de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, los cuales cuestionaron recientemente la asignación presupuestaria para ese Ministerio en el quinto Presupuesto Extraordinario de la República.
En esa línea, la viceministra de gestión estratégica, Carolina Castro, manifestó que Justicia enfrenta desafíos como recursos limitados, disponibilidad de los mismos y el tiempo, siendo este último urgente dentro del escenario actual de hacinamiento en las cárceles.
“Se lograron identificar ¢1.263 millones que podríamos eventualmente redirigirlos hacia este proyecto. Y de manera adicional requerimos por parte del Ministerio de Hacienda una suma de ¢1.403 millones”, explicó Castro.
La viceministra apuntó que la solución liviana se proyecta para 1200 personas privadas de libertad y el costo aproximado sería de ¢7.000 millones. El tiempo estimado de desarrollo sería de 6 a 8 meses.
Por su parte, la otra solución que se estudia, la permanente, sería para 785 privados de libertad, con un costo de ¢35.000 millones y un tiempo mínimo de 5 años. El proyecto se desarrollaría de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La mayoría de los diputados de la Comisión siguieron mostrándose intranquilos ante las explicaciones de los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz.
Lo anterior ya que no ven razonable que se asignen fondos para un proyecto que se encuentra aún en fase de análisis por parte de los equipos técnicos.
Generar espacio para remodelaciones
Campos explicó que el sistema de construcción liviana lo que pretende es ubicar a privados de libertad que estén a punto de cumplir la pena, que hayan cometido delitos menores, que registren un comportamiento adecuado y que demuestran la decisión de insertarse a la sociedad.
Añadió que, la medida vendría a generar espacio para poder remodelar los centros penitenciarios, algo que no se ha podido hacer ante la sobrepoblación que se enfrenta.
“Tenemos un montón de ordenes de los jueces de ejecución, de la Sala Constitucional y del Ministerio de Salud, que no podemos cumplir porque podemos hacerle un daño a los privados de libertad si remodelamos con ellos adentro”, afirmó Campos.
