Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa tienen dudas sobre una nueva asignación presupuestaria para el Ministerio de Justicia, contenido en el quinto Presupuesto Extraordinario de la República.
La diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), le preguntó al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, si “¿no le parece irresponsable que asignen recursos sin tener ningún estudio técnico?”.
Lo anterior luego de cuestionarle si los ¢2.693 millones que recibiría el Ministerio de Justicia y Paz en el quinto presupuesto extraordinario de la República tienen relación con el plan del Gobierno de instalar cárceles en carpas.
Ello porque la presentación del jerarca sobre el presupuesto extraordinario señala que la partida sería para la construcción de módulos de baja contención en los centros penales.
Acosta respondió que a ellos les corresponde hacer las modificaciones que los ministros solicitan, por lo que no podría contestarle si los recursos son para eso u otra cosa.
“Todos los ministerios pasan por usted para dar una debida justificación. Entonces me extraña muchísimo que usted no lo sepa, porque tengo clarísimo que usted siempre pide que le justifiquen los proyectos de manera que siempre ha dado respuestas a todo lo que se le pregunta respecto al presupuesto”, expresó Ramírez.
Acosta replicó que ellos ponen recursos a las partidas para que los ministros los vayan ejecutando.
“Me parece que es una responsabilidad del Ministerio de Hacienda asegurarle recursos a cada uno de los ministerios de acuerdo con sus proyectos. Pero no cuestionamos ni la pertinencia, ni la viabilidad, porque corresponde a cada uno de ellos”, afirmó Acosta.
Ramírez indicó que le extraña y volvió a recalcar que “me parece irresponsable de parte del Ministerio de Hacienda no tener una debida justificación”.
Añadió que, él como ministro es responsable de velar porque los recursos tengan adecuada justificación para su ejecución.
Se debe saber para que se utilizarán más de ¢2.000 millones
Entretanto, el diputado del Partido Frente Amplio (FA), Jonathan Acuña, considera que en términos políticos se tiene la responsabilidad de saber para que se van a utilizar más de ¢2.000 millones.
“Sobre todo cuando hasta el día de hoy no se nos ha mostrado ningún criterio técnico que pueda sustentar que se utilicen las carpas como mecanismo para tener a personas privadas de libertad”, manifestó Acuña.
Agregó que, espera que les aclaren si esos recursos pudieran ser o no utilizados para esos fines.
“Porque me preocupa mucho que incorporemos recursos que luego sean utilizados para finalidades carentes de sustento técnico”, concluyó el diputado del FA.
