El Poder Ejecutivo optó por subastar las frecuencias de radio y de televisión, bajo el argumento de que puedan participar otros potenciales oferentes de servicios de radiodifusión.
Para este efecto, se firmó un acuerdo ejecutivo, donde le instruye al Ministerio Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) a que inicie el proceso de formulación del concurso público para la subasta de las frecuencias de radio y televisión.
El anuncio lo hizo la ministra Paula Bogantes, quien sostuvo que el 21 de mayo anterior, recibió de parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) un estudio de necesidad y de factibilidad “más completo”.
“Este nuevo estudio de factibilidad nos brinda los insumos necesarios Esta administración tomará la decisión histórica de girar la instrucción a SUTEL para realizar el primer concurso público de radiodifusión del país”, afirmó Bogantes.
Añadió que “el concurso público es la acción más democrática en la que podemos nosotros como país, participar para el aprovechamiento de las frecuencias de radio y televisión”.
Según ella, el estudio de necesidad y factibilidad efectuado por la SUTEL, determina que en el mercado existe la suficiente demanda ´por parte de empresas de la industria para que el Estado les conceda el uso de las frecuencias.
Con esto, por fin se despejaron los nublados del día. Anteriormente, el MICITT había indicado que estaba valorando entre hacer prórrogas o sacar a concurso las frecuencias de radio y televisión.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves comentó que la decisión permitirá que los interesados participen en una puja de precios. y, acto seguido, volvió sobre los cuestionamientos que desde hace varios meses viene haciendo a Televisora de Costa Rica, para anunciar que impulsará un nuevo esquema de tarifas para el canon aplicable al uso de las frecuencias.
“A canal 7, que en mil novecientos cincuenta y algo, sin concurso, nada más se presentaron y dijeron dénmelo y le cobraron ¢120.000 y desde 1954, Ignacio Santos, René Picado, el papá de René Picado Cozza le han pagado al pueblo costarricense ¢10.000 por mes, sin concurso”, adujo Chaves.
15 meses más
Añadió que “este gobierno hace que se les apague la señal y le dice a SUTEL que tiene 15 meses para sacar esa licitación, esa subasta y que gane el mejor”.
Ello, en referencia a que, como sumó Bogantes, las concesiones actuales tendrán una extensión por 15 meses, lo que le dará a la SUTEL y al Poder Ejecutivo, el tiempo para hacer las acciones correspondientes para poder ejecutar la decisión adoptada. Eso sí, pese a lo que dice el texto del decreto, Chaves señaló que la extensión sería de año y medio, dejando la confusión en el aire.
La ampliación está contenida en el decreto con la reforma parcial al Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones y fue publicado este miércoles en La Gaceta:
“Artículo 1.- Adiciónese un Transitorio V. al artículo 179 del Decreto Ejecutivo N° 34765-MINAET, “Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones”, emitido en fecha 22 de septiembre de 2008 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 186 de fecha 26 de septiembre de 2008 y sus reformas, que se leerá de la siguiente forma:
“V. AMPLIAR POR EL PLAZO DE QUINCE MESES a partir del 28 de junio de 2024, la vigencia de los títulos habilitantes de concesión administrativa de frecuencias para la operación de redes y la prestación de servicios de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre y gratuito. Las condiciones originales de las concesiones se deberán de respetar por parte de los administrados”.
Artículo 2.- Vigencia. Rige a partir del día 28 de junio de 2024”.
Los contratos de concesión actuales vencen el 28 de junio próximo, y con la extensión, ahora llegarán hasta setiembre del 2025.
Según Bogantes, la extensión del plazo de la concesión elimina la posibilidad de un apagón de frecuencias, alertado por la Cámara Nacional de Radio (CANARA). Al mismo tiempo, dijo que se garantiza la libertad de expresión.
Cambio en modelo de cobro
Al mismo tiempo, Bogantes reseñó que ya está listo un proyecto de ley con que pretenden definir nuevas tarifas que se cobrarán a las empresas, una vez que se haga la subasta para las nuevas concesiones.
Sobre el particular, acotó que se trata de una actualización del canon anual de radiodifusión que pagan los concesionarios.
Desde 1954 hasta la fecha, los concesionarios de frecuencias de Amplitud Modulada (AM) pagan entre ¢1.000 y ¢3.000 anuales, mientras que por las de Frecuencia Modulada (FM) se pagan ¢6.000 por año y por las de televisión el monto que pagan es de ¢120.000 anuales.
“El objetivo, a la hora de hacer este análisis, era buscar establecer una fórmula en donde sea justa tanto para grandes empresas como a pequeñas”, citó Bogantes.
Reseñó que el nuevo planteamiento establece que las empresas paguen un porcentaje sobre sus ingresos anuales y, en este caso, se propone que las empresas de televisión paguen un 7,48%, mientras que las frecuencias de radio en FM como en AM entre un 3% y un 4% de sus ingresos.
Criticó el proyecto de ley impulsado por varios diputados, pues mencionó que buscan que todas las empresas de la industria paguen un monto fijo, entre ¢3,4 millones a ¢3,6 millones al año.
Bogantes mencionó que el proyecto de ley fue entregado al Ministerio de la Presidencia para su envío respectivo a la Asamblea Legislativa.
