Uno de los temas que se “pelotearon” en Casa Presidencial, cuando se analizaban los los asuntos que se podrían incluir en el proyecto de Ley Jaguar, era el cierre de la Defensoría de los Habitantes.
El tema trascendió en declaraciones ofrecidas a varios medios de comunicación por el abogado constitucionalista Manrique Jiménez. Él participó en algunas de las reuniones que se llevaron a cabo en Casa Presidencial.
Si bien se molestaron por las manifestaciones del abogado, ni el presidente de la República, Rodrigo Chaves, ni la ministra de la Presidencia, Laura Fernández lo desmintieron.
Fernández externó que le sorprendía mucho “que una conversación de peloteo de ideas generales” trascendiera, pues “se dio en el marco de una conversación privada”. Este último punto ha constituido siempre un argumento tanto de Chaves como de su equipo cuando trascienden temas delicados que conversan en reuniones en Casa Presidencial, pese a que son funcionarios públicos y, algunos de ellos, miembros de uno de los supremos poderes.
“Se estudiaron cualquier cantidad de ideas, propuestas, proyectos en corriente legislativa, proyectos de los grupos de notables… no hay ningún análisis de eso. Fue una conversación de lluvia de ideas”, afirmó Fernández.
Por su parte, Chaves, aseveró que Jiménez llegó por instancia de la exministra de Presidencia, Natalia Díaz.
“Lástima que haya gente en Costa Rica que no tenga, sobre todo a ese nivel, (…) lástima que no se haya comportado bajo los cánones.
“Sobre el fondo del asunto, en algún momento, la gente en Costa Rica tendrá el derecho, un gobierno tendrá el derecho -y el pueblo- de preguntarse qué valor agregado le da a la sociedad cualquier institución del Estado. Porque las instituciones son para servir al pueblo, no para llegar a capturarlas por partidos políticos, por grupos de interés, por grupos ideológicos y decir que esto es nuestro”, señaló Chaves.
La Defensoría de los Habitantes es una de las instituciones de control con las que cuenta el Estado y puede llamar a cuentas a funcionarios públicos e investigar situaciones que atentan contra los derechos de la población. Pero, a lo interno del Poder Ejecutivo, hay quienes no están de acuerdo con ello.
Una de ellas es la ministra de Educación Pública (MEP), Anna Katharina Müller, quien recientemente se negó a atender a una citación de la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, ante los miles de reclamos de educadores por incumplimientos en el pago de sus salarios.
Ante la negativa de Müller, Cruickshank y un equipo de la Defensoría, intervinieron la oficina de Recursos Humanos del MEP, y abrió una investigación de oficio contra el MEP.
Pero, además, el Poder Ejecutivo ha entrado en una confrontación directa con la Contraloría General de la República (CGR), que al igual que la Defensoría, es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, solo que en este caso, en materia de control hacendario.
Coincidentemente, en el proyecto de Ley Jaguar, que el presidente Chaves quiere que sea sometido a un referéndum, básicamente se plantea reducir las competencias a la Contraloría.
