Dentro de su estrategia para concretar la construcción del proyecto Ciudad Gobierno, el Poder Ejecutivo pretende enredar a la Sala Constitucional en su campaña contra la Contraloría General de la República.
En esta ocasión, tanto el presidente de la República, Rodrigo Chaves como la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, aprovecharon la tradicional conferencia de prensa de los miércoles, para señalar que la Contraloría aprobó la compra de un lote para la construcción y posterior alquilar de un edificio para la Sala Constitucional bajo el mismo esquema que ahora le negó al Poder Ejecutivo.
El reclamo se da en momentos en que la Sala tiene sobre el tapete tres consultas de constitucionalidad en relación con el proyecto de Ley Jaguar, que le presidente Chaves pretende llevar a un referéndum, una de estas planteada por 11 diputados de varias fracciones legislativas.
Anteriormente, 22 legisladores presentaron una consulta de constitucionalidad que fue rechazada, pues los magistrados señalaron que ese no era el momento procesal oportuno.
En esta ocasión, Chaves aseveró que se evidencia que los magistrados “se sentían tan cómodos con la constitucionalidad de lo que nosotros hacíamos que hicieron inversiones millonarias. A los de la Sala IV no los estoy criticando. Critico a la contralora por su falta de capacidad de confrontar sus ideas”, señaló.
“Critico a los diputados por presentar esas consultas, particularmente a Eliécer Feinzaig, en especial en esta última porque él sabe que lo está haciendo para que se acabe el reloj. Y a sus colegas de Liberación los critico...
“A los señores de la Sala IV nada más digo: vean. Ellos se sentían tan cómodos que lo hicieron. Lo mismo que nosotros haríamos con Ciudad Gobierno, lo hicieron para sus propias instalaciones”, afirmó Chaves.
Pero, ni el mandatario ni la ministra Fernández dejaron ver que están comparando situaciones diferentes, toda vez que en el caso de la Sala Constitucional, el Poder Judicial suscribió un fideicomiso con el Banco de Costa Rica.
A través de ese fideicomiso se compró, luego, el lote, para proceder con la construcción de las nuevas instalaciones.
En el caso de Ciudad Gobierno, la Contraloría objetó que se construya en terrenos del Estado, a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para luego tomar esas instalaciones en alquiler.
Saca ejemplos
Fernández expuso tres ejemplos de aplicación de la herramienta de arredramiento operativo por diferentes instituciones, aduciendo que la CGR señaló, incluso, que no se le debían remitir los casos y que podían seguir el proceso.
Fernández insistió en la compra de un lote para la construcción del edificio de la Sala Constitucional, sin explicar que por medio de un fideicomiso con el Banco de Costa Rica se promovió una compra y una contratación directas mediante el uso del artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública.
“Se usó el artículo 67 puro y duro como está en nuestra legislación vigente. ¿Hubo alguna advertencia? No. ¿Hubo alguna disposición? No. ¿Algún llamado de atención? Tampoco. ¿Hizo algo malo el Poder Judicial con ese uso de ese arrendamiento operativo para adquirir el terreno por medio de un fideicomiso donde luego irá a construir sus instalaciones? Tampoco. No hizo nada malo el Poder Judicial”, remarcó Fernández.
Cuestionó que la CGR no objetó el fideicomiso.
Por otro lado, Fernández reseñó que para el alquiler de las instalaciones actuales de la Sala IV, ubicadas en Calle Morenos, se empleó la figura del arrendamiento operativo, en el 2016, cuando se regía por reglamento.
Tanto la ministra como el presidente Chaves aseguraron durante la conferencia de prensa que tenían las resoluciones de la contraloría, y que como eran documentos públicos, los entregarían a los medios de comunicación que los solicitaran.
Llegado ese momento, sin embargo, se limitaron a entregar las actas número 36 y 53 del Consejo Superior del Poder Judicial, ambas del 2016.
Fernández manifestó, además, que, en otros momentos, se permitió la construcción de edificaciones en lotes públicos y para ello citó un ejemplo del Banco Nacional y que la Contraloría avaló el usufructo sobre las construcciones, desde el 2017.
