Las diputadas Vanessa Castro y Johana Obando, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y del Partido Liberal Progresista (PLP), respectivamente, señalaron incongruencias y debilidades en el decreto que gestó el Poder Ejecutivo para la implementación de la red de internet 5G en el país.
Ambas fueron cuestionadas por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, durante su conferencia de prensa semanal, cuando dijo que defendían los intereses de una empresa en particular en lugar de los intereses del país.
En el caso de Castro, defendió la neutralidad tecnológica y la libertad de competencia como aspectos relevantes para que no haya injerencia de empresas ni de acciones que puedan causar un problema en el desarrollo de la tecnología 5G.
"El desarrollo de la tecnología 5G es fundamental para Costa Rica. Ese desarrollo tiene que llegar lo más pronto posible. Ya estamos tarde. Ya hay muchos países que lo han desarrollado y Costa Rica merece una transformación digital de la mano de un pleno desarrollo de 5G. En ese desarrollo debe ir todo el tema de Ciberseguridad que es fundamental y para ello trabajamos en la Ley de Ciberseguridad aquí en la Asamblea Legislativa", señaló Castro.
La observación la hizo porque el Poder Ejecutivo emitió el polémico decreto con la intención de impedir que empresas chinas cuyas subsidiarias operan legalmente en el país puedan participar del desarrollo de la red 5G, alegando razones de seguridad.
Por su parte, Obando sostuvo que el gobernante desvía la atención pues relaciona el decreto de Ciberseguridad con la implementación de la tecnología 5G.
“Lo que hace es desviar la atención que en este momento está provocando, por dicha, la implementación de 5G por diferentes operadoras en el país. Y como sabe que el decreto de 5G que él mismo firmó, que lo presentó la ministra de Ciencia y Tecnología, hace una afectación directa al ICE y puede ocasionarle su posible quiebra, nuevamente lo que hace el presidente es acarrear la responsabilidad a otros como ha acostumbrado a hacerlo”, respondió Obando.
Responsabilizó a Chaves y a Bogantes de que el decreto de 5G no haya podido avanzar y que no se implemente aún esa tecnología como en otras partes del mundo.
"No es culpa de los sindicatos del ICE. No es culpa de las operadoras que antes del decreto de Ciberseguridad, competían en el libre mercado. No es culpa de ellos. Es culpa exclusiva del decreto de Ciberseguridad que usted y la ministra Paula Bogantes han firmado. Por ello Costa Rica está paralizada", aseveró Obando.
La legisladora agregó que especialistas en la materia han explicado que el Convenio de Budapest no tiene nada que ver con la ciberseguridad, ni con la implementación de la tecnología 5G, sino que pretende la persecución del cibercrimen.
"Aquí nuevamente lo que se demuestra es, creo que adrede, confundir al pueblo de Costa Rica entre cibercrimen, ciberseguridad y 5G y eso lo hacen para que, en río revuelto, ganancia de pescadores", adujo Obando. Adujo que su agrupación ha defendido la libre competencia y ha solicitado que se "empareje la cancha" para que tanto el sector público como el privado participen de las redes de 5G.
