La Contraloría General de la República (CGR) desaprobó el presupuesto presentado por Radiográfica Costarricense (RACSA) por ¢77.618 millones para el 2024.
En su petición, RACSA planteó un incremento de un 48% en los ingresos corrientes con respecto al 2023, porcentaje que, a criterio de la entidad fiscalizadora del Estado, está significativamente por encima de lo esperado, según la macroeconomía actual.
Al mismo tiempo, según evidenció la Contraloría, RACSA no aportó las justificaciones suficientes y sustentadas con métodos técnicos, estadísticos, matemáticos, financieros y documentales que demuestren la factibilidad de la recaudación y la razonabilidad de los montos presupuestados.
“En razón de ello, se imprueba el incremento de dichos ingresos y, por consiguiente, procede una improbación total del presupuesto ordinario 2024 en virtud de que esa fuente de ingresos, constituye, de acuerdo al estado de origen y aplicación de recursos y a la información plurianual aportada por RACSA, la principal fuente para hacer frente a sus obligaciones ordinarias”, detalla el informe.
En criterio de la CGR, lo detectado no es consistente con el principio presupuestario de plurianualidad y el principio de universalidad e integridad, establecidos en la Constitución Política, la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos (NTPP).
Esta última norma señala que el presupuesto se constituye de los ingresos probables, lo que obliga a que la propuesta de gastos deba estar debidamente respaldada en recursos que sean factibles de recibir.
Regirá presupuesto del 2023
Dada la improbación, la Contralora explicó que el presupuesto que regirá para RACSA durante este año es igual al aprobado en el 2023, con algunos ajustes, para lo cual, deberá presentar un nuevo plan de gastos.
“Además, esa Administración es responsable de que el monto del presupuesto ajustado que se remita a la Contraloría General por rubro de ingreso, por partida presupuestaria de gastos y por programas sea igual o inferior al presupuesto definitivo del año precedente y no superior al monto del documento improbado.
“El presupuesto ajustado deberá ser presentado a la Contraloría General para efectos informativos, por lo que no corresponde su aprobación externa, sino solamente la incorporación del presupuesto ajustado como producto de esta improbación”, señaló la CGR.
Al mismo tiempo, la CGR resaltó que se deberán considerar los principios de sostenibilidad y gestión financiera, previendo que en el contexto actual un aumento de los gastos corrientes puede generar obligaciones permanentes y una limitación en el crecimiento de los gastos de capital disponibles para el desarrollo de proyectos de inversión y los compromisos contractuales adquiridos con terceros.
“Lo anterior debe preverse para asegurar la estabilidad financiera institucional necesaria para el cumplimiento de la planificación de los resultados de mediano y largo plazo, así como la continuidad de los servicios públicos”, aseguró la CGR en su informe de improbación presupuestaria.
