Para Luis Amador, titular del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la empresa constructora Santa Fe no tiene que contar, de una sola vez, con todas las expropiaciones para iniciar trabajos en el tramo Sucre-Punta Norte, de la nueva carretera a San Carlos.
Amador así lo aseveró ante la Comisión Especial de Desarrollo de Infraestructura, donde fue llamado a rendir cuentas sobre los cuestionamientos entorno al proyecto Naranjo-Florencia.
Una de las preocupaciones externadas por los diputados es la falta de expropiaciones para las obras a lo largo de 10 kilómetros, entre Sucre y Punta Norte, cuyo costo es de $12 millones.
“El contratante, Santa Fe o la empresa que lo esté haciendo, puede ir trabajando las áreas que estén disponibles. No tiene que estar el 100% del proceso de expropiación listo”, afirmó Amador.
Según puntualizó el ministro, en la ruta 700, el 47% de las expropiaciones ya se completaron y los terrenos están a nombre del Estado, mientras que el 14% están en proceso de posesión voluntaria. Además de que existe alrededor de un 20% que está a la espera de entrada de posesión.
“Estamos a un nivel de casi un 80% y eso significa que tenemos casi todos los frentes de trabajo cubiertos.
“Hay 7 expedientes, de los cuales 4 están en los juzgados y no hay nada que podamos hacer más que solicitar la buena voluntad de la Corte”, apuntó Amador.
Explicó que en la ruta 700, se prevé la construcción de 6,7 kilómetros y un conector hacia la ruta 35, de alrededor de 3,5 kilómetros.
“Ellos necesitan de una contraparte que haga estudios de calidad, de materiales y reciba los diseños y verifique y haga la supervisión.
“Pero la contraparte que era una empresa peruana, Cruta, no quiso entrar, no quiso firmar. Se le tuvo que prevenir hasta que se pudo quitar y fue cuando entró el segundo que es Cemosa”, explicó Amador.
Contradictoriamente, el ministro explicó que la adjudicación a Cemosa, como empresa supervisora, llevó a que el proceso arrancara desde cero y "eso atrasó todo". Por ejemplo, la entrega de los diseños, por parte de Santa Fe, se extendió hasta este 31 de octubre.
Pese a ello, volvió a responsabilizar a la empresa constructora. “La orden está dada. Si no se presentan, vamos con todo lo que se pueda hacer para que entiendan que tienen que hacerlo y no solo allí, sino en los contratos que tienen en Conavi y otros. Y si están incumpliendo, le vamos a dar para quitarlos del camino y que no estorben”, reafirmó Amador.
¿Se quedan o no?
Para este martes, Amador sostuvo que la empresa Santa Fe deberá presentar el diseño definitivo para la obra, pero dijo que no tenía muchas expectativas.
Y aquí comenzó a detallar ante los diputados hechos que según él, están dificultando el que la empresa pueda cumplir los contratos que tiene adjudicados. Por ejemplo, especificó la constructora tiene una orden de embargo, en la que se solicita la retención de los dineros que deben entrar a sus cuentas.
Añadió, además, que, semanas atrás, conversó con los representantes de la empresa para indicarles que si querían seguir, no tenía inconvenientes.
Pero en caso contrario, les solicitó que se apartaran para permitir que las obras que siguen en el proceso puedan ser adjudicadas.
Santa Fe fue adjudicada el 3 de mayo del 2022 y le corresponde el diseño y la construcción de la obra. En este caso, el contrato fue por un año.
Para el diseño, se le dio un plazo de 90 días, mientras que para la construcción es de 270 días,
De acuerdo con Amador, en caso de que se Santa Fe logre arrancar la fase constructiva, los 2760 días de construcción se extendería hasta junio del 2024.
También afirmó que a Santa Fe se le dio un anticipo de $2,4 millones, pero que no hay avance alguno.
La orden de inicio para la elaboración de los diseños fue dada el 17 de enero del 2023, pero ante dos suspensiones que suman 154, se atrasó el proceso debido a que se carecía de una empresa supervisora.
Luego, Santa Fe entregó el diseño definitivo, pero este fue devuelto, con una serie de observaciones.
La semana pasada la Asociación Pro Carretera Naranjo-Florencia denunció que existe una descoordinación entre las tres empresas que tienen que ver con la obra de 10 kilómetros, a saber Santa Fe a cargo del diseño y construcción, Cemosa, encargada de la supervisión e INECO, que es la Unidad Ejecutora.
Al mismo tiempo los representantes de la asociación señalaron que, pese a diferentes intentos, no se han podido comunicar con Amador ni con el presidente de la República, Rodrigo Chaves para exponerles la situación y sus preocupaciones ante los atrasos.
