El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles insinuó a los diputados, abrir una comisión investigadora contra la Contraloría General de la República (CGR). Lo hizo un día después de que la entidad ratificara el carácter ilegal del proyecto Ciudad Gobierno.
Chaves lamentó la respuesta de la entidad contralora, pues, en su criterio, la iniciativa tiene como propósito el ahorro en el pago de alquileres, servicios y en operación y mantenimiento.
Durante su pronunciamiento el mandatario estuvo acompañado por Laura Fernández, titular del Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), quien defendió que el proyecto cumplió con todos los requerimientos técnicos y legales.
“A ver señores diputados: ustedes son bastante inclinados, bastante proclives a hacer comisiones investigadoras. Yo creo que el pueblo de Costa Rica está mirando a ver si ustedes van a hacer una comisión investigadora de su propio órgano adjunto que es la Contraloría General de la República, en este caso que es, para ponerlo de manera diplomática sor-pren-den-te”, afirmó Chaves.
La CGR es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, que fiscaliza el uso de los fondos públicos para mejorar la gestión de la Hacienda Pública y contribuir al control político y ciudadano.
El mandatario lamentó que la “CGR esté impidiendo, con criterios demasiado debatibles, desde el punto de vista legal y de probidad pública, que podamos construir nuestra propia Ciudad Gobierno”.
Aunque no dio una postura contundente al respecto, Chaves dijo que presentaría un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa a fin de evitar que la iniciativa se pierda.
“Vamos a presentar un proyecto, dependiendo de lo que digan los diputados en su comisión, pero nosotros vamos a presentar un proyecto de ley, si es necesario, donde la Contraloría les va a pasar a ustedes, de alguna manera, la responsabilidad de decidir si esta alcahuetería de ¢27.000 millones al año debe continuar”, dijo el mandatario.
La Contraloría objetó, de nuevo, el proyecto Ciudad Gobierno, que contempla la construcción de un complejo de edificios para varios ministerios que actualmente operan en instalaciones alquiladas.
No es ocurrencia
Fernández reafirmó que Ciudad Gobierno es para articular a la institucionalidad del país en un mismo lugar y recalcó que no se trata de una ocurrencia, por lo que insistirá en el complejo de edificios.
El proyecto tendría un costo de $450 millones y sería diseñado, construido y administrado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), mientras el Estado paga la deuda que contraería con esta entidad.
La ministra detalló que se estudió la figura de arrendamiento operativo, contemplada en la Ley de Contratación Pública.
“No fue una ocurrencia, no fue una selección al azar", señaló Fernández. Añadió que la ruta que el gobierno de la República identificó como la mejor para conducir el proyecto derivó de diferentes análisis concienzudos dentro de una evaluación financiera.
Precisamente, la Contraloría estableció que la legislación no permite utilizar la figura escogida por el Ejecutivo, de arrendamiento operativo, si se construye en terrenos del Estado, como sería en este caso.
La ministra sostuvo que, al año, el Poder Ejecutivo paga, del presupuesto nacional, más de $50 millones en alquileres.
Ese monto se desglosa de la siguiente manera:
- $23.721.285 en alquileres de 35 instituciones.
- $16.682.672 en servicios públicos.
- $9.782.248 en operación y mantenimiento.
Defendió que el proyecto implicaría un ahorro promedio de más de $17 millones anuales.
Lo que dijo la Contraloría
* Que el arrendamiento de bienes inmuebles por construir o en proceso de construcción debe ser sobre terrenos privados.
* Que la norma no ampara encargar directamente a un tercero, en este caso el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el diseño y construcción de obra pública a la medida.
* Que el arrendamiento financiero es endeudamiento.
* Que el artículo 67 (Ley General de Contratación Pública) no contempla el diseño, construcción en terrenos públicos, arrendamiento, administración y posterior transferencia de los bienes al Estado.
“El oficio de advertencia no es respecto del Proyecto Ciudad Gobierno sino de la imposibilidad legal de utilizar el artículo 67 para contratarlo de manera directa a un tercero. Se trata de una acción de fiscalización preventiva de los fondos públicos y del principio de legalidad, misión constitucional de la Contraloría General de la República”, se desprende del informe suscrito por la contralora general, Marta Acosta.
