La Contraloría General de la República (CGR) ratificó la advertencia al Poder Ejecutivo, planteada en setiembre anterior, en relación con el proyecto Ciudad Gobierno, con lo cual, las autoridades deberán ponerse a derecho.
La ratificación es en respuesta a un recurso de apelación interpuesto por los ministros de Hacienda y de Planificación y Política Económica, Nogui Acosta y Laura Fernández, respectivamente.
"El grado de ambigüedad en la narrativa utilizada por el Poder Ejecutivo para informar sobre este proyecto a la ciudadanía, a distintos actores públicos y a la misma Contraloría General, aún cuando ciertas actuaciones realizadas para obtener la aprobación de entidades públicas (como la gestión presentada a SETENA) fueron tramitadas por el BCIE y no por el Poder Ejecutivo. Concuerdan ciertamente con una fase de estructuración del proyecto y confirman la ausencia de una decisión inicial”, señala en la resolución R-DC-00114-2023,de la contralora Marta Acosta.
Según informó la CGR en un comunicado de prensa, el oficio emitido en setiembre es producto de la investigación de una denuncia que es de acceso restringido dada la normativa vigente.
“El recurso de revocatoria fue resuelto el 5 de octubre de 2023 por parte del Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la CGR, la cual resolvió rechazar de plano el recurso en contra de la advertencia y declarar sin lugar el recurso en cuanto a la interpretación del artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, de modo que procedió entonces la resolución de la apelación en subsidio ante el Despacho de la Contralora”, detalla el comunicado.
En resumen, la resolución de la CGR detalla que:
* Que el arrendamiento de bienes inmuebles por construir o en proceso de construcción debe ser sobre terrenos privados.
* Que la norma no ampara encargar directamente a un tercero, en este caso el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el diseño y construcción de obra pública a la medida.
* Que el arrendamiento financiero es endeudamiento.
* Que el artículo 67 (Ley General de Contratación Pública) no contempla el diseño, construcción en terrenos públicos, arrendamiento, administración y posterior transferencia de los bienes al Estado.
“El oficio de advertencia no es respecto del Proyecto Ciudad Gobierno sino de la imposibilidad legal de utilizar el artículo 67 para contratarlo de manera directa a un tercero. Se trata de una acción de fiscalización preventiva de los fondos públicos y del principio de legalidad, misión constitucional de la Contraloría General de la República”, aclaró la entidad.
Según se indica en la resolución “en el caso de interés la advertencia está orientada a la ‘viabilidad legal y técnica’ de la estructuración del proyecto”.
Procedimientos ordinarios
En la oficio DFOE-FIP-0354, emitido en setiembre anterior, la CGR indicó:
“...en concreto, no es posible utilizar la figura de compra y arrendamiento de bienes inmuebles prevista en el artículo 67 de la LGCP para contratar de forma directa el objeto indicado por la administración, siendo lo procedente someterse a los procedimientos ordinarios de contratación previstos en la ley; debiendo garantizar durante toda la contratación el cumplimiento del principio de transparencia, de manera que los actos que se emitan sean accesibles de manera libre e igualitaria por parte de los intervinientes y de cualquier persona interesada”
El proyecto de Ciudad Gobierno es una iniciativa de la administración anterior, en la que se busca construir un complejo de edificios, en Plaza Víquez, a fin de ubicar allí varios ministerios, y reducir el pago de alquileres.
Hace poco más de un año el Poder Ejecutivo anunció el proyecto como propio, y sería desarrollado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con un crédito de $450 millones. Esa entidad lo alquilaría al gobierno por 20 años, hasta que este termine de pagar la deuda y tome control de las instalaciones.
Pese al anuncio, cuando la CGR le consultó a Nogui Acosta, titular hacendario, si el financiamiento estaba aprobado, reconoció que no.
“Es decir, la fase de planificación es vital en todo proyecto de obra de infraestructura pública, período en el cual deben poder tomarse decisiones motivadas y basadas en información certera, técnica, objetiva y transparente y en consecuencia debidamente documentadas”, recordó la CGR.
La denuncia sobre Ciudad Gobierno se encuentra en investigación, por lo que las autoridades del ente contralor no se pueden referir al fondo de los recursos emitidos.
