Pese a que el presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), Osvaldo Artavia se lamentaba e indignaba este miércoles porque según él la Contraloría General de la República (CGR) improbó un presupuesto por ¢5.804 millones de la entidad, lo cierto del caso es que ese monto no constituía la totalidad del presupuesto extraordinario sometido a consideración del ente contralor.
Lo que no dijo Artavia es que la CGR aprobó, de forma parcial, el primer presupuesto extraordinario presentado por el INDER, por lo que le autorizó ¢7.910 millones.
Ese monto se destinará al seguimiento de 10 proyectos de inversión pública que desarrolla el INDER con terceros como municipalidades, el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento y la Promotora Costarricense de Innovación.
Estos proyectos cuentan con Planes de Desarrollo Rural Territorial (PDRT) vigentes desde el 2021 y los últimos vencen en el 2031.
Entre las municipalidades beneficiadas están Osa, Barva, San Rafael de Heredia, Carrillo y Nandayure. En el caso del SENARA se trata de proyectos en regiones como Cartago, Oreamuno, El Guarco y La Unión, así como en Santa Cruz y Carrillo. Mientras, la Promotora desarrollará un proyecto de cobertura nacional.
"El análisis del Órgano Contralor se fundamentó en el cumplimiento de los requisitos establecidos a la norma aplicable. Por lo tanto, La Contraloría General aprueba parcialmente el presupuesto extraordinario n°1-2024 del Instituto de Desarrollo Rural, por la suma de ¢7.910,1 millones", puntualiza el informe DFOE-SOS-0291, del 10 de junio anterior.
Según se indica en el sitio del INDER, el PDRT “consiste en el plan de acción a corto y mediano plazo de la Política de Estado de Desarrollo Rural Territorial (PEDRT) cuyo propósito se orienta a contribuir al desarrollo de los territorios rurales en sus dimensiones económica, social, ambiental, político-institucional y cultural, según lo establecido en la Ley 9036”.
Además, le improbó al INDER la suma de ¢6.315 millones, de los cuales ¢5.804 millones no se autorizaron porque los 17 a proyectos que se pretenden financiar no se les acreditó su vinculación con los PDRT.
“(…) no resulta posible aprobar el contenido presupuestario propuesto en esta partida, esto ya que según se informó a la Contraloría General, dichos planes se encuentran vencidos desde el 2015 o no se aportó copia del mencionado documento luego de solicitado, por ejemplo, el plan correspondiente a la región de Dota, Tarrazú y León Cortés”, detalló el ente fiscalizador.
El artículo 184, inciso 2) de la Constitución Política de Costa Rica establece entre los deberes y las atribuciones de la Contraloría: "Examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las Municipalidades e instituciones autónomas y fiscalizar su ejecución y liquidación".
Verdad a medias
El miércoles anterior, en su tradicional conferencia de prensa, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, en compañía de Artavia, junto con varios alcaldes, reclamaron la improbación total del monto total del presupuesto extraordinario. Pero no mencionó los ¢7.910 millones aprobados.
Artavia indicó que el presupuesto extraordinario era, únicamente, por ¢5.804 millones, cuando el monto real rondaba los ¢14.225 millones.
Según él, la improbación afectaría a 262.000 personas y sostuvo que los PDRT no son de competencia legal del INDER, por lo que “no veo dónde está la relación para improbar algo que hasta ahora lo toma en cuenta.
“Ellos dicen que esos planes están vencidos desde el 2021. Entonces nos parece extraño como sí aprobaron los presupuestos en el 2021, en el 2022, en el 2023 y en el 2024, posiblemente ante la vuelta que hicimos en el INDER y empezamos una ejecución que comienza a beneficiar a mucha gente. Parece que hay alguien que le chima el zapato y le duele y le molesta que le llevamos los beneficios a estas personas”, acotó Artavia.
En el informe de la CGR se detalla que el INDER informó sobre los planes vencidos, respuestas contenidas en los oficios INDER-PE-SETEDER-OFI-0076-2024 e INDER-GG-AF-OFI-0179-2024, del 25 y 30 de abril.
La vigencia de los PDRT de los proyectos improbados arrancó entre el 2015 y el 2017 con plazos de caducidad entre el 2020 y el 2021.
Pese a ello, Artavia expuso que “eso es lo que indigna, porque es una decisión, una interpretación de la Contraloría que es desproporcionada. Eso es arbitrario”.
Indicó que tanto los PEDRT como el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública están vigentes y durante años esos eran los instrumentos que tomó en cuenta la CGR para la aprobación de los presupuestos, pero este año “buscaron el micro pelo en la sopa”.
“(…) creo que lo que quieren es frenar el desarrollo en estos territorios. No sé por qué les duele tanto, a la Contraloría General de la República en este caso (…)” y agregó que ya se presentó una nota de reconsideración, la cual no ha tenido respuesta.
¿Sacada de clavo?
Entretanto, el presidente Chaves volvió sobre su señalamiento preferido: que la Contraloría “obstaculiza, a propósito”.
“La actitud de la Contraloría, en este caso, volvemos a las interpretaciones, antojos, preferencias, que ya parece que vienen de muchos años atrás. Es como decirle al INDER: 'no le voy as aprobar el presupuesto para beneficiar a 362.000 personas porque el presidente ejecutivo del INDER no tiene la licencia de conducir al día.
“Es lógicamente idéntico. Porque no es requisito para que se apruebe un presupuesto que tenga la licencia al día. Tampoco lo es que estos planes estén al día. Entonces es igual de arbitrario y de absurdo”, externó Chaves, y agregó: “lo que la Contraloría no quiere es que haya progreso en este gobierno.
“Esto es una sacada de clavo. No contra Rodrigo Chaves, no contra el gobierno. Contra los gobiernos de muchísimas municipalidades y contra 362.000 personas”, refirió Chaves.
Para la alcaldesa de San Mateo, Karen Alfaro, la improbación genera afectación social y el estancamiento del desarrollo en las comunidades.
“En virtud de la escasa capacidad económica que tenemos las municipalidades actualmente para poder desarrollar estos proyectos de forma individual, es que solicitamos a la CGR la reconsideración de la improbación de estos recursos, apegándonos a lo que ya nos han indicado el director ejecutivo del INDER, para que una vez que esos PDRT se encuentran actualizados nos puedan aprobar los proyectos”, planteó Alfaro.
Por su parte, Walter Céspedes, alcalde de Matina, apuntó que la no aprobación del presupuesto es “un golpe al corazón que nos está dando la Contraloría porque se frustran esperanzas de desarrollo para los cantones.
“Estos proyectos buscaban turismo, generar empleo, mejorar infraestructura y en especial en el cantón de Matina, diría yo que es el más golpeado”, mencionó Céspedes.
Recordó que la provincia de Limón será la sede de los Juegos Nacionales del 2025, y que Matina, con el apoyo del INDER, pretende la construcción de una cancha sintética, así como una piscina semiolímpica, mejorar la pista del polideportivo y reestructurar un gimnasio, todo esto para el desarrollo de las justas.
