Debido a que se ausentaron de sus puestos de trabajo para ir a la protesta nacional del miércoles, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) presentó acciones legales en su contra.
La entidad estimó que fueron 2.341 funcionarios los que no se presentaron a laborar para participar de las manifestaciones.
Por ello, las autoridades de la CCSS acudieron al Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José para pedir la declaratoria de ilegalidad del movimiento. La acción se tramita bajo el expediente 23-002463-1178-LA.
La protesta nacional de este miércoles fue contra las políticas públicas aplicadas por el presidente Rodrigo Chaves, a quien le exigieron convocar a un diálogo multisectorial.
Según señaló la entidad, se solicitó al juez "valorar la naturaleza del movimiento para que una vez que se cuente con el dictamen se actué según lo que en derecho corresponda".
Wilburg Díaz Cruz, gerente médico de la CCSS, sostuvo que, la participación de los funcionarios en la protesta generó un impacto negativo en los usuarios que están en listas de espera.
147 cirugías suspendidas
Datos de la Gerencia Médica apuntan que 90 de las 133 salas de operaciones habilitadas se mantuvieron en uso. Es decir que 43 no se usaron por el movimiento de protesta.
En lo que respecta a las 460 cirugías programadas para ese día, 147 fueron suspendidas.
“Se realizó un importante trabajo de monitoreo y de activación de distintas estrategias con la finalidad de minimizar cualquier tipo de afectación de atención directa tanto para personas dentro de los hospitales como en las distintas áreas de salud y Ebais del país”, apuntó Díaz.
Añadió que la institución organizará todos los procesos de atención de manera que, los tiempos de espera no se vean afectados a raíz de la participación de los funcionarios en el movimiento, por lo que los establecimientos de salud deberán reprogramar las citas, procedimientos y cirugías afectadas.
Sin fundamento
Al respecto, Lenín Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE) comentó que "la amenaza queda sin fundamento".
Esto debido a que, según explicó el artículo 371 del Código de Trabajo indica que el movimiento puede durar 24 horas, con lo cual los empleados ya se reintegraron a sus funciones.
"Nosotros nos hacemos responsables de este llamado, al igual que lo hacen 40 organizaciones sociales, sociolaborales, comunales, población civil, sector agrario e incluso organizaciones sindicales.
"El hecho que accionen como les corresponde ante los tribunales laborales eso no omite el sentir de la clase trabajadora y del pueblo en general en relación con la CCSS. Lo datos son elocuentes, nuestra manifestación y datos siguen siendo los mismos. Doña Marta Eugenia Esquivel no debe continuar al frente de la CCSS", recalcó Hernández.
Considera que la jerarca no tiene "autoridad moral" para buscar sanciones.
Criticó que durante la presente administración de la CCSS, las listas de espera aumentaron en un 40% en términos generales, mientras que en procedimientos diagnósticos el alza es del 50%.
"Tenemos más de 600 mil costarricenses en la espera de un diagnóstico, como por ejemplo, el gran fracaso del programa de mamografías en ASEMBIS, que por cierto, no ha dado ese resultado ante la opinión pública", reafirmó Hernández.
Cuestionó también el hecho que, en un año de la gestión de Esquivel en la CCSS, "no ha cobrado ni un colón al Ministerio de Hacienda por la deuda que se debe, anteriormente de los gobiernos que antecedieron al de Rodrigo Chaves. Pero que en este año de gobierno, Rodrigo Chaves y Nogui Acosta le están adeudando a la Caja ¢659.000 millones".
