El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) se encamina hacia una insostenibilidad financiera, lo que pondría en riesgo el abastecimiento de agua potable a la población.
Esta situación es debido a una ineficiente e ineficaz gestión de proyectos para el suministro de agua potable y de saneamiento, afectando así la atención de la población.
Según advirtió la Contraloría General de la República, el AyA se encuentra en una situación de fragilidad, en la que se proyecta insostenibilidad financiera ante la falta de tarifas.
“La gestión ineficiente del portafolio ha llevado al AyA a una situación de fragilidad, en la que se proyecta insostenibilidad financiera ante la falta de reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios, propiciando que cada año se incremente la proporción de ingresos para destinarla al pago de obligaciones”, alertó la Contraloría.
En duda
De acuerdo con esa entidad, el porcentaje de reconocimiento de las inversiones en la tarifa es de 0%, desde el 2018 para Saneamiento y desde el 2019 para agua potable, lo que representa 6 y 5 años sin el financiamiento a nivel tarifario.
Además, en la última fijación tarifaria del 2023, efectuada de oficio por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) no se reconocieron en la tarifa los costos por adición de activos de nuevas inversiones por ¢377 millones mil millones que presentó el AyA para el servicio de agua potable.
Al mismo tiempo se eliminó el reconocimiento de activos efectuado en el 2018, puesto que el AyA no fundamentó esos costos. Por otro lado, cada año se incrementa la proporción de ingresos para destinarla al pago de obligaciones.
Otro de los aspectos identificados en el estudio es que entre 2019 y el 2023 el costo por intereses, comisiones y amortización aumentó un 56%, lo que contrasta con el comportamiento de los ingresos, los cuales crecieron sólo un 12,4%.
“Estos resultados no permiten garantizar que se cumplan los compromisos internacionales asumidos por el país en la Agenda del Desarrollo Sostenible 2030 y limitan las contribuciones al Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, para garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, lo cual puede tener un impacto significativo en el logro de las metas establecidas, constituyéndose en un desafío principalmente para poblaciones en condición de vulnerabilidad”, advierte la Contraloría.
