El Consejo Nacional Concesiones (CNC) no ha resuelto a la fecha 592 recomendaciones de multas en contra de la concesionaria de la Ruta 27, la vía que comunica San José con Caldera.
Esta es una de las debilidades detectadas por la Contraloría General de la República (CGR) en un informe en el que se detallan los presuntos incumplimientos que se dieron entre el 2018 y el 2023, es decir, las multas sin resolver se acumulan desde hace seis años.
La entidad fiscalizadora del Estado constató la existencia del documento denominado “Procedimiento de aplicación de multas a la concesionaria del proyecto”, el cual establece las acciones, plazos y responsables para llevar a cabo, por parte de la Administración Concedente, el proceso de gestión de multas ante eventuales incumplimientos contractuales en los que incurra el Concesionario de la Concesión Carretera San José – Caldera, pero el mismo no se ha aplicado.
Esto por cuanto, el mismo CNC reconoció que no cuenta con una estrategia formalmente establecida y consensuada con todas las partes involucradas a lo interno de la Administración, que defina la programación, los recursos mínimos necesarios, las coordinaciones y los responsables para resolver las recomendaciones de multas acumuladas.
Al mismo tiempo, carece de las herramientas de control para verificar en tiempo y forma el cumplimiento del procedimiento vigente de multas.
“(…) la falta de oportunidad y diligencia en el proceso de atención de las multas por posibles incumplimientos del Concesionario, conlleva el debilitamiento del sistema de control interno dado que pone en riesgo el cumplimiento efectivo de la obligación de la Administración Concedente, de supervisar y verificar que la actuación del Concesionario se apegue a todos los términos contractuales durante la fase de explotación, afectando a su vez, la aplicación oportuna y efectiva de la potestad sancionatoria establecida contractual y legalmente, así como una afectación al mecanismo de multas como instrumento que contribuye a la eficiencia y eficacia de la concesión”, detalla la Contraloría.
Cadena de descontroles
Aunado de lo anterior, la CGR concluye que el control ejercido por la Administración Concedente en el Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público “Proyecto Carretera San José-Caldera” no cumple, en aspectos significativos, con los criterios normativos, técnicos y contractuales aplicables.
El estudio evidenció debilidades en el sistema de control interno que no permiten a la administración garantizar el cumplimiento efectivo de sus obligaciones de seguimiento, control, supervisión y toma de decisiones asignadas legal y contractualmente, funciones que no representan un “simple formalismo, sino que son la base para garantizar el cumplimiento de los términos contractuales y la adecuada operación de la carretera”.
La Administración no cuenta con la Inspección Técnica de Explotación de Obra (ITEO) exigida en el Contrato de Concesión, por lo que hay una clara dependencia en los servicios de supervisión contratados externamente, sin mediar una contraparte técnica propia de la Administración, añade el documento.
La ITEO debe estar conformada por funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y el CNC. Pero como no la han integrado, las acciones de supervisión y control desempeñadas por la Administración no están alineadas con las reglas contractuales.
La Contraloría también llamó la atención sobre el hecho de que, a la fecha, no hay una ruta definida en torno a las mejoras que requiere la vía.
“La falta de definición de una hoja de ruta clara que determine los pasos que debe seguir la Administración Concedente para solucionar el problema de congestionamiento existente en diversos tramos de la ruta concesionada, obedece a la ausencia de herramientas para la planificación, control, seguimiento y toma de decisiones oportunas por parte del CNC durante la operación de la Concesión Carretera San José - Caldera, esto por cuanto, a pesar de que ese Consejo conoce desde años atrás los altos niveles de saturación de diversos tramos de la vía , no ha formalizado acciones planificadas y oportunas para atender esta situación y garantizar la calidad del servicio público prestado”, agrega el informe.
Eso lleva como consecuencia, una clara afectación del servicio público prestado a los usuarios de la carretera.
Por otro lado, la Administración carece de una serie de documentos técnicos (manuales, procedimientos e inventarios de la carretera), que representan el punto de referencia para verificar y garantizar, mediante la toma de decisiones oportunas, la adecuada condición (grado de deterioro) y funcionamiento de las obras que componen la carretera.
