Según datos del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), más de 192 mil personas viven asentamientos informales, algunos de ellos en condición de precario, lo que representa casi un 4% de la población total.
La Contraloría General de la República (CGR), hizo una serie de señalamientos en relación con los asentamientos informales y viviendas de interés social en su informe sobre Entornos Urbanizados, ya que, considera que estos factores pueden influir en una buena o mala prestación de servicios públicos.
Los asentamientos informales son lugares que se caracterizan por presentar carencia de servicios básicos, inadecuado manejo de aguas, hacinamientos, uso descontrolado del suelo, tenencia ilegal de terrenos y exclusión social.
El menor nivel de asentamientos informales se presenta en la provincia de Heredia, con una tasa en 5,6%, pese a que en el cantón central se ubicaron en algún momento dos de los más grandes precarios, como Guararí y Milpa.
La diferencia es de 25,2% con la zona más afectada, que es San José, donde la cifra asciende hasta 30,8%. Le siguen Puntarenas, con 17,3% y Alajuela, con 17,1%.
Por su parte, Guanacaste, Limón y Cartago presentan cifras tasadas en 10,8%, 9,9% y 8,5% respectivamente.
Este grupo poblacional se considera un sector vulnerable y con menos acceso a los servicios que ofrecen las ciudades o comunidades.
Viviendas de interés social desconectadas de la ciudad
En lo que respecta a la construcción de viviendas de interés social, aparte del déficit que persiste, se evidencia que algunos de estos proyectos se construyen desconectados del centro de la ciudad y se ubican donde el suelo es más barato.
Esto conlleva dos situaciones: la primera es invertir en nueva infraestructura, servicios y equipamiento, lo que no hace más barato el proyecto. La segunda, desarrollar el proyecto de vivienda desprovisto de algunos servicios básicos como recolección de residuos, rutas y paradas de autobuses, entre otros.
A esta condición se le suma el hecho de que el país ha estado construyendo viviendas de interés social principalmente en cantones sin plan regulador y sin viabilidad ambiental. Durante el período 2014 – 2020 se construyeron cerca de 1.55 millones de metros cuadrados de viviendas exoneradas de este perfil en cantones con estas características.
Según datos del informe “Ordenamiento territorial y crecimiento urbano: desafíos e impactos para las ciudades intermedias y la zona marino-costera”, al 2021 más de la mitad de los cantones (42 de los 82), no contaban con un plan regulador.
Mientras, un 60% de los municipios no contaban con viabilidad ambiental para planificar su territorio. Solo 19 cumplían con este requisito.
Para la Contraloría, si se relaciona el panorama expuesto con los servicios públicos, es evidente que se torna más complejo con factores como los asentamientos informales y la construcción de viviendas de interés social.
