Una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa emitió un informe de mayoría en el que advierte la politización de la pauta publicitaria de las instituciones públicas durante la presente administración.
Si bien el informe aún no ha superado el trámite en el Plenario y, por ende, no ha sido aprobado por la Asamblea, su contenido es extremadamente preocupante.
Es claro que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, está en medio de una confrontación con algunos medios de comunicación, y ha enfilado sus baterías particularmente contra tres de ellos.
Y es claro, también, que el mandatario tiene la determinación de afectar a esos medios de comunicación. Lo trata de hacer a través de la asfixia económica Y el minado de su credibilidad.
Esa práctica no es sana en el marco de una democracia. En el manejo de la pauta siempre deben prevalecer los criterios técnicos. Porque cuando la pauta se define a partir de las coincidencias políticas o ideológicas, se comienza a pervertir el sistema.
Y, en democracia, por supuesto que se permiten las discrepancias. Tratar de acallar a quienes critican al Gobierno o mantienen diferencias con aquellos que ejercen las posiciones de poder, no es procedente.
Estamos de acuerdo con el presidente Chaves en cuanto a que los recursos públicos no deben servir a los intereses de unos pocos. Pero, esa máxima también involucra a quienes, circunstancialmente, ocupan posiciones de poder en las instituciones públicas.
La politización de la pauta publicitaria estatal es un instrumento de presión inadmisible, porque condiciona el flujo de información hacia el público. No es tolerable, por ende, que se pretenda establecer una agenda única en los medios de comunicación del país.
Por otro lado, es imperativo que las autoridades entiendan que las responsabilidades de gobierno están a otro nivel. El país encara urgencias en diferentes áreas, y los costarricenses no podemos darnos el lujo de que quienes deben implementar las soluciones inviertan su tiempo y energía en ver cómo sacan del mapa a una empresa o potencian alguna otra.
Esa no es la tarea para la cual se les eligió. Pero, por lo visto, ese no es tema para quienes hoy ocupan posiciones a lo interno del Poder Ejecutivo.
En caso de superar el filtro del Plenario, el informe de la Comisión Especial tendrá que ser remitido al Ministerio Público, pues esa es una de las recomendaciones de los diputados firmantes. Ya esta dependencia ha tenido un acercamiento con el tema, pues inició una indagación sobre un contrato con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica, que favoreció al productor audiovisual Christian Bulgarelli.
Según la Comisión, se evidenció que Bugarelli preparó los términos de una licitación en que luego participó y le fue adjudicada, lo que a todas luces supone algún tipo de irregularidad.
Respecto de este último punto, es preocupante que la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, haya reaccionado apuntando a que los dineros no eran públicos, en tanto fueron aportados por el Banco.
Y preocupa aún más que se haya sumado al presidente Chaves y al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, para achacar toda la responsabilidad por esa trama a la exministra de Comunicación, Patricia Navarro. Es claro que un manejo como este no se instrumentaliza por parte de una sola persona.
Pero, más aún, también es inquietante que tanto Díaz como Chaves y Rodríguez se hayan unido para desacreditar el informe con descalificaciones y no con argumentos. Esto último hubiese sido lo pertinente en tanto son temas de gestión a nivel de Gobierno.
Prefirieron, sin embargo, limitarse a cuestionar a los diputados que suscriben el documento, en lugar de desmentir los señalamientos.
Ha sido una costumbre a lo largo de la presente administración. Pero, no por ello hay que dejar de señalarlo, porque normalizarlo nos haría cómplices del problema cuando lo que se requieren son soluciones.
