Jorge Eduardo Sánchez, presidente de la Junta Directiva del Banco Popular volvió a presentarse ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, pero para esta ocasión, básicamente se abstuvo de declarar en muchos tramos.
Eso sí, por momentos se presentó como una especie de héroe, al insistir en poner sobre el tapete la posición que asumió el Banco Popular una vez que quebró Coopeservidores.
Según Sánchez, muchos diputados de la Comisión llegan con un juicio formado y no escuchan razones ni argumentos y tampoco valoran los documentos que presentan los comparecientes.
Pese a su experiencia en estas lides tras haber sido diputado en dos ocasiones, catalogo que la comparecencia se ha convertido “en gran medida en un show político” con la intención de lanzar una cortina de humo para atacar al Banco Popular. Ello, según él, para atrasar temas que realmente le interesan a los costarricenses, como la investigación de lo sucedido en Coopeservidores y en Desyfin.
Según Sánchez el actuar de la Junta Directiva ha sido el correcto. Por ello considera como “irónico” que se esté investigando a personas “que han tenido el temple, la honradez y valentía de ejecutar una operación de más de ₡411 mil millones de colones para salvar a los ahorrantes de una cooperativa quebrada”.
Apunto que deberían estar investigando los legisladores a las entidades supervisoras del sistema financiero, que le han cuestionado por no contar con los atestados para ocupar un cargo como director bancario, por cuya inacción se ha visto en la pérdida de los ahorros de miles de costarricenses.
Sánchez recalcó que ya había aclarado a los diputados que el señalamiento que se le efectúa sobre la idoneidad como director presidente de la Junta Directiva es absolutamente improcedente.
En su defensa argumentó que la normativa CONASSIF 15-22 prevé para su caso "que debo tener conocimientos en el área atinente al roll, entiéndase profesional en Derecho".
Su nombramiento llegó de manos del presidente de la República Rodrigo Chaves en el año 2022. Les cito a los diputados, entre otros, el articulo 6 de esa norma, con el que se ampara. Allí se establece que al menos dos tercios de los miembros de la alta gerencia deben tener experiencia en economía, que no es su caso, o derecho, que sí lo es.
