Las diputadas Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN) y Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA) confirmaron que recibieron amenazas de muerte a través de sus correos electrónicos.
Álvarez hizo pública la amenaza por medio de su red social “X”, durante el transcurso de la mañana y su despacho indicó que en las próximas horas estará presentando una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que le dé seguimiento al hecho.
La legisladora señalo que todos estos problemas se deben a los discursos disruptivos que el presidente de la República, Rodrigo Chaves viene realizando desde hace varios meses.
"Hoy recibí esto. Lo subo aquí para que vean a lo que hemos llegado en este país. Y aunque se que les enferma que yo haga mi trabajo, lo seguiré haciendo", publicó Álvarez en sus redes sociales al hacer de conocimiento público la amenaza de que fue objeto.
Chaves suele cuestionar tanto a esa legisladora como a su padre, Antonio Álvarez, a quienes sataniza por tener intereses en el mercado inmobiliario, desde donde por años han alquilado edificios en San José, algunos de los cuáles son utilizados por el Gobierno.
De hecho, el mandatario ha evitado prorrogar algunos de los contratos, moviendo oficinas públicas a otras construcciones, aunque siempre bajo la figura del arrendamiento.
Por su parte, la diputada Sofía Guillén fue clara en que no se dejará intimidar por nadie y continuará con su trabajo de denuncia e investigación en la Asamblea Legislativa.
La legisladora agregó que no piensa darle protagonismo a la persona que redactó el correo electrónico que le fue remitido. Dicho sea de paso, en el que recibió Álvarez, también se le cita a ella, siempre en términos ofensivos.
Guillén destacó que la amenaza llega en el preciso momento en que ella ha realizado una serie de denuncias en cuanto a irregularidades en el Poder Ejecutivo. De hecho, ha sostenido que en el país se ha establecido un “narcoestado”.
También dejó claro que no piensa detenerse, porque tiene un deber con el país.
En el pasado reciente, de igual modo, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y el fiscal general, Carlo Díaz, han sido objeto de amenazas de muerte.
