Técnicamente, se dirá que lo de Coopeservidores no es una quiebra, sino un cierre por falta de viabilidad. Pero, en un sentido práctico, no hay mucha diferencia entre una cosa y la otra. Al final de cuentas, la cooperativa dejará de operar.
Y, por lo que se sabe hasta ahora, todo es resultado de una muy mala administración. Serán las autoridades pertinentes las que luego determinen si hubo dolo en algún punto del proceso.
Sin embargo, más allá de lo que pueda venir más adelante, hay algunas lecciones que derivan de esta crisis.
Lo primero que sorprende es que los puestos gerenciales estaban ocupados por personas que no cumplían los requisitos para ello. Claramente es un grave error poner al frente de una entidad de esta naturaleza a quienes no tienen la preparación y el soporte para ello. De repente hay cuestiones muy técnicas que se deben valorar y para eso muchas veces se requiere conocimiento específico.
Ante ello, se deberían hacer los ajustes legales pertinentes para que, en adelante, las entidades de supervisión puedan tener alcance sobre esta materia. Es decir, que las empresas supervisadas tendrán que someter a valoración por parte de la Superintendencia de Entidades Financieras los perfiles de sus jerarcas.
Lo otro es que se ha establecido que Coopeservidores presentaba información contable que no correspondía a la realidad. Aquí la duda que salta es si esa información era respaldada por algún auditor. Porque, de ser así, ese profesional tendría un importante grado de responsabilidad en el descalabro financiero de la entidad.
En nuestro país se le suele atribuir a las instituciones a cargo de la supervisión cualquier irregularidad que se detecte en las empresas financieras. Pero, esa premisa solo lleva a ignorar las responsabilidades más directas de quienes, por incapacidad o por dolo, no asumen correctamente sus obligaciones. Y, al mismo tiempo, se pierde de vista que hay muchas vías para burlar las regulaciones existentes. Eso -no hay duda- está sujeto a los conceptos muy personales que maneje cada quien.
Un tercer elemento importante aquí es que, si bien empresas como Coopeservidores cuentan con muchos asociados, estos no tienen un control pleno de lo que ocurre en ellas a nivel administrativo. De hecho, la mayoría ni siquiera participa de las asambleas anuales que la ley obliga.
En ese escenario termina por depender de la información que la administración les suministre. Y cuando esa información no se ajusta a la realidad, todos simplemente van en falso. Y es algo que está fuera del alcance de los fiscales.
Quizá, entonces, debe introducirse un esquema de control cruzado, en el que la Asamblea ordene sus propias auditorías para contrastarlas con las que ordene la administración. Puede sonar complejo, de entrada. Pero, a la vista de lo que ocurre, pareciera necesario.
Recordemos que Coopeservidores no es la primera entidad financiera que se cae a pedazos justo cuando sus administradores se han dedicado a desarrollar extensas campañas promocionales presentándose como la octava maravilla.
De hecho, ni siquiera es la primera cooperativa financiera que termina así. Recordamos, por ejemplo, el caso de Coopemex, no hace muchos años.
No pretendemos agotar el tema. Más bien, llamamos a un análisis serio que permita identificar portillos por cerrar a fin de reducir el riesgo de que estas cosas sigan ocurriendo.
