Promotora de Innovación e Investigación proyecta caída del 11% en sus ingresos

El estudio también indica que existen debilidades en la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.

Investigación
photo_camera La Promotora Costarricense de Innovación e Investigación fue creada en 2021 con el fin de promover la innovación, el desarrollo científico y tecnológico. Foto: fundacionbankinter.org

La Promotora Costarricense de Innovación e Investigación (PII), proyecta una caída del 11% anual en promedio, en sus ingresos en el período 2023 – 2025.

Esto en razón de que el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), no transfiere el total (14%) de los recursos presupuestarios definidos en el artículo 17 de la Ley N°9921 “Cuarto presupuesto extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2020 de la ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2020”.

Así se refleja en un reciente informe de La Contraloría General de la República (CGR), el cual pretendía determinar si la PII cumple con los estándares de gestión financiera. El ente evaluó las acciones del 1 de enero de 2022 al 30 de septiembre del 2023.

El estudio también señala que durante el período 2022 – 2023, la Promotora no ha generado ingresos por concepto de prestación de servicios. A pesar de que la Ley N°9971 “Ley de Creación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación”, le asigna esa potestad.

En esa línea, la Contraloría improbó el Presupuesto inicial 2024 de la PII, ya que, no incluye el contenido presupuestario suficiente para cubrir los egresos probables durante ese período.

Por otro lado, el Órgano Contralor indica que, si bien cumplen en rubros como la vinculación del plan operativo con su presupuesto y la atención del límite de modificaciones presupuestarias, existen debilidades significativas respecto a su sostenibilidad financiera, planificación plurianual y definición de un plan estratégico. Así como la ausencia de revisión interna y externa de la información presupuestaria.

A pesar de que la institución se creó en el 2021, no fue hasta febrero del año anterior que se aprobó su primer Plan Estratégico para el período 2023 – 2026, el cual rige para el ejercicio económico de este nuevo año.

Para la CGR este tema presentaba relevancia ya que, la Promotora tiene como propósito promover la innovación, desarrollo científico y tecnológico en el país, como ejes para alcanzar el desarrollo productivo y social.

Según la edición 2023 del Índice Mundial de Innovación, Costa Rica se ubica en la posición 74 a nivel general y 7 a nivel de Latinoamérica y el Caribe.

Contabilidad

La Promotora cumple con los estándares correspondientes al análisis de congruencia entre los resultados presupuestarios y estados financieros, señala el informe de la institución Contralora.

No obstante, afirma que existen debilidades en la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), ya que, identificaron situaciones que impiden asegurar la razonabilidad del avance reportado.

“Entre ellas, la omisión de la aplicación de la NICSP 35 para la consolidación de la información financiera del “Fideicomiso de Administración Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas / Banco Crédito Agrícola de Cartago 25-02.”, se lee en el informe de la CGR.

Adicionalmente, la Contraloría señala que, si bien la institución realizó la identificación de riesgos en 2022, no se dieron acciones para esa gestión en el 2023.

Ello, “siendo que no se cuenta con un procedimiento formal que establezca los mecanismos de análisis, identificación y gestión de riesgos, entre ellos, los financieros y de corrupción.”, detalla el estudio.

El Órgano Contralor indicó a la Gerencia General implementar una estrategia de sostenibilidad financiera. Así como acciones que permitan consolidar la información contable del citado fideicomiso conforme a lo requerido en la NICSP 35 (Estados Financieros Consolidados).

Además, establecer el procedimiento y mecanismos de control para la gestión de riesgos institucionales, entre ellos los financieros y de corrupción.