Para la industria alimentaria el proyecto denominado Ley Jaguar (expediente 24.364) impulsada por el Poder Ejecutivo coincide con las propuestas del sector, relativas a la búsqueda de una mayor eficiencia estatal, así como celeridad e inmediatez que requieren proyectos importantes de administración activa.
Así lo plantearon durante el XVIII Congreso Nacional de la Industria Alimentaria organizado por la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA).
Juan Ignacio Pérez, presidente de CACIA, considera que el sector productivo ha sido coherente en señalar la necesidad de impulsar iniciativas tendientes a darle mayor eficiencia a la Administración Pública. A partir de eso, confirma que hay puntos coincidentes en la iniciativa 24.364.
“La cultura democrática tiene a las instituciones como herramientas para facilitar la mejora en la calidad de vida de las personas, y facilitar entornos que garanticen los equilibrios y contrapesos, propios de una democracia madura como la nuestra”, afirmó Pérez.
Agregó que, esa es una herencia invaluable. No obstante, señaló que las instituciones necesarias para la correcta administración del país no pueden asumirse como fines en sí mismas, negando la necesidad de ajustes en la normativa vigente hacia un mejor funcionamiento.
Debe ser “facilitador de la acción administrativa, al mismo ritmo que evoluciona la sociedad”, expresó el jerarca de CACIA.
Debe debatirse sin temores
Para los empresarios agrupados en la Cámara el tema se debe debatir sin temores, analizándolo desde la técnica jurídica, al margen de pasiones ideológicas.
Lo anterior ya que, por un lado es fundamental garantizar eficiencia y oportunidad en los mecanismo de control y fiscalización que evitan la corrupción y el mal manejo de fondos públicos.
Pero por otro lado, se debe tener claro que, independientemente del gobierno de turno, no es viable visión alguna de desarrollo cuando los limites entre la fiscalización y la coadministración pueden ser difusos, y motivar posiciones encontradas que tiene como efecto colateral un Estado lento e ineficiente.
Algo que lo hace enredarse con sus propios cordones y que hace imposible que la institucionalidad sea puesta al servicio de los ciudadanos.
Desde la Cámara estiman que cualquier oportunidad de mejora debe ser establecida por el sistema democrático de aprobación legislativa, y en función del bienestar del ciudadano.
