La Ley Jaguar podría abrir las puertas a la corrupción en la administración pública, al debilitar a la Contraloría General de la República (CGR) en sus labores de control de legalidad y de fiscalización.
Así lo planteó la contralora Marta Acosta tras presentar ante la Comisión de Hacendarios, la Memoria Anual 2023 cuando fue abordada por la prensa sobre el plan que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, busca llevar a un referéndum.
Consultada sobre si los cambios que se proponen a la Ley orgánica de la CGR en la Ley Jaguar constituyen un terreno fértil para la corrupción y los actos ilegales, de manera categórica respondió “Me parece a mí que esto abre puertas que han estado cerradas. Pero perfectamente se podría facilitar”.
La Contralora General estima que la iniciativa genera cambios más profundos y delicados que lo que puede parecer de entrada. Entre estos mencionó que el Poder Ejecutivo estaría imponiendo los controles que debe aplicar el Poder Legislativo.
Por ello, dijo, la Ley Jaguar, va mucho más allá de los temas de contratación de obra pública, pues la Asamblea Legislativa perdería insumos de control político que en la actualidad recibe de la CGR.
“Dado que esta ley le quitaría funciones sustantivas de forma tal, que el Poder Ejecutivo le impondría al Poder Legislativo el tipo de controles que podrá realizar su propio órgano auxiliar, lo que parece claramente una invasión de las potestades legislativas y una abierta intención de minimizar dicha auxiliaridad”, afirmó Acosta.
El 5 de junio anterior, cuando el Presidente Chaves presentó el proyecto de Ley Jaguar ante la Secretaría del Directorio, Acosta indicó que la iniciativa busca el debilitamiento de las funciones de la Contraloría.
Fiscalización de mentiritas
Acosta recalcó que la iniciativa del Poder Ejecutivo genera “muchos huecos”, y propiciaría una “Contraloría pintada en la pared”, pues no podrá realizar sus labores de fiscalización y resguardo de los recursos públicos, porque se le quitarían funciones sustantivas.
Detalló que el control de los recursos públicos tiene diferentes momentos a fin de frenar posibles ilegalidades o alertar, de manera independiente, técnica y legal cuando se usan los dineros en forma ineficiente y sin ley.
“Eso es justamente lo que pretende el proyecto de referéndum: que obras públicas se puedan contratar a dedo, que no se registre deuda pública, que no se pueda alertar de una ilegalidad evidente en un proyecto. Que una denuncia o auditoría no pueda derivar en la prevención de un acto irregular o de ineficiencia, entre otros efectos visibles”, reafirmó Acosta.
Dijo, también, que los informes dejarían de ser vinculantes y de acatamiento obligatorio para los funcionarios públicos a los que cubre, y no se podría imponer sanciones ni hacer controles previos, pese a que son labores indicadas en la Constitución Política.
“O sea, la Contraloría no podría evitar un perjuicio económico para la Hacienda Pública sino únicamente hasta que se materialicen los daños y sea demasiado tarde. Se elimina así toda etapa de prevención como instrumento para detener potenciales ineficiencias, irregularidades o actos de corrupción”, apuntó Acosta.
Sobre el artículo 67 de la Ley de Contratación Pública, que es el factor que llevó a la indisposición del presidente Chaves con la contralora, Acosta remarcó que la norma sólo tiene un año y medio de vigencia “y ya se quiere debilitar”, para permita alquilar o arrendar inmuebles para obras públicas sin concurso público abierto.
Mediante la modificación de la Ley de Contratación Pública, el Poder Ejecutivo busca construir su proyecto estrella Cuidad Gobierno, en terrenos del Estado y pagando alquiler en ellos.
Sobre lo relacionado a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), la Contralora acotó que, mediante una reforma a la ley, se busca que la entidad pueda escoger “a dedo a los socios estratégicos con los que haría negocios públicos, evadiendo los procesos de contratación pública y dejando en duda el proceso de rendición de cuentas y la tan necesaria transparencia por la que claman los costarricenses”.
Acosta fue clara al indicar que la CGR no se ha manifestado en contra de los proyectos “Ciudad Gobierno” y la Marina de Limón, sino que ha hecho observaciones sobre los esquemas bajo los cuáles se pretende desarrollarlos.
Agregó que, a lo largo de los años la entidad se ha autoanalizado, realizado reformas y sugerido cambios a fin de ser más eficiente y acotó que en la corriente legislativa se tramita una iniciativa de ley sobre las funciones típicas de la CGR.
“Creo que la institución actualmente es una institución donde fluye bastante trabajo, bastante eficiente. Que sí puede haber muchas por mejorar, estamos de acuerdo, pero esta no es la vía”, concluyó Acosta.
Las funcionaria está a la espera de que el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa consulte a la Contraloría sobre el proyecto, para plantear la posición oficial al respecto.
