Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamado universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente la de aquellas poblaciones en condiciones vulnerables.
La Contraloría General de la República (CGR) se dio a la tarea de realizar una auditoria sobre los ODS en el país, con el fin de establecer si las acciones desarrolladas por la Presidencia de la República, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se ajustan razonablemente y consideran la atención de las poblaciones meta.
El Órgano Contralor determinó que existen situaciones que derivan en un cumplimiento básico del marco teórico y jurídico relacionado con la gobernanza, seguimiento y evaluación de los ODS por parte de las instituciones.
Añadió que el Comité Técnico de los ODS establecido en 2017, y conformado por la Secretaría Técnica de los ODS liderada por el MIDEPLAN, presenta deficiencias en la verificación del avance del cumplimiento de los objetivos que se consignan en los diferentes instrumentos de planificación de las entidades públicas.
El informe indica que en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023 – 2026 se asocian 107 indicadores, los cuales disponen de ₡4,1 billones para su cumplimiento.
Poco o nulo interés y participación
La CGR señala que la participación de las partes interesadas en los ODS ha sido baja. De los 25 participantes que firmaron el pacto en el 2016, el informe les señala una participación promedio del 48%, llegando incluso en algunos casos a ser más baja o nula.
En el sector municipal, de quienes participan en la Red de Cantones promotores de los ODS, solo 6 municipalidades han presentado de manera voluntaria los informes locales.
Entre los cantones que hacen parte de la red están Alajuela, Belén, Escazú, Cartago, Heredia, Naranjo, Oreamuno, Orotina, entre otros.
El desinterés se hace más evidente cuando la Contraloría indica que a 8 años de haberse firmado la Agenda 2030 en el país, no fue hasta el 3 de octubre del presente año que se oficializaron un total de 55 metas nacionales de los ODS.
En las mismas se incorporaron 253 indicadores, con una vinculación que asciende a los ₡16 billones para el año 2030.
Los objetivos de educación (30,7%), pobreza (22%) e infraestructura (14,3%), abarcan un gran porcentaje de los recursos asignados.
La Agenda 2030 enmarca una meta global de transformar las dimensiones económicas, sociales y ambientales para que nadie se quede atrás, constituyéndose en un reto para el país el poder implementar las metas nacionales, sobre todo si se considera que estamos a mitad del camino, señaló la CGR.
La auditoría también indica que de 247 indicadores ODS que deben actualizarse anualmente por parte del INEC, a septiembre del año pasado existían 34 indicadores (13,8%) que no se producían, a pesar de que se podía con la información existente.
Persisten retos en la desagregación
En lo que respecta a la desagregación de indicadores por grupo social vulnerable (mujeres, niñez, personas con discapacidad, etnias, jóvenes, adultos mayores, entre otros), la Contraloría señaló que requiere mejoras.
Ese en un rubro relevante ya que permite generar análisis para dar seguimiento a políticas públicas inclusivas. Sin embargo, los retos persisten. A octubre del 2023 no existían indicadores desagregados por etnia.
Por otro lado, las desagregaciones por discapacidad, nivel socioeconómico y condición de actividad solo tienen un 6% de resultados para cada uno de estos rubros.
Finalmente, en cuanto a edad, ubicación geográfica y sexo se dispone de indicadores en un 32,67%, 45% y 48% respectivamente.
Ante los resultados, la Contraloría giró disposiciones al Consejo de Alto Nivel de los ODS, su Secretaria Técnica y al INEC, para que atiendan y resuelvan las situaciones identificas en el informe, a fin de fortalecer la gestión entorno a los objetivos.
