Para la Defensoría de los Habitantes replantear la regla fiscal no significa debilitar la disciplina financiera, sino adaptarla a las necesidades contemporáneas, asegurando que el crecimiento económico sea inclusivo y sostenible.
También, que el bienestar de la población no se vea comprometido por rigideces fiscales, las cuales no toman en consideración la situación de las crecientes necesidades de las personas en términos de servicios públicos, cambios demográficos en curso o la atención de grupos vulnerables y en condición de pobreza.
En esa línea, la institución recordó que en un informe del 2023 ya había recomendado al Poder Ejecutivo convocar a una mesa de trabajo a nivel nacional con la participación de diversos sectores como la sociedad civil, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República (CGR) y los grupos políticos. Esto con el propósito central de analizar y debatir sobre la Regla Fiscal.
La posición de la Defensoría llega luego de que recientemente la contralora general, Marta Acosta, expresara ante la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios que existe una necesidad de replantear la regla fiscal desde su origen, ya que, en su criterio, hay limitaciones e incongruencias.
Informe de la Defensoría en 2023
Uno de los aspectos que señaló el informe de la Defensoría fue que la regla fiscal presenta una falta de concreción en relación con el objetivo que se pretende alcanzar, ya que, está más orientada a establecer una limitación del tamaño del Gobierno, que en lograr resultados específicos en finanzas públicas.
Lo anterior ya que define la regla como un límite al crecimiento del gasto corriente sin especificar un horizonte temporal de aplicación.
Otro elemento que destacó la Defensoría de la actual regla es su incapacidad para permitir intercambios o compensaciones internas entre aquellas entidades que no requieran superar el límite de gasto autorizado. Así como aquellas que necesiten un mayor gasto por atender poblaciones vulnerables.
Asimismo, señaló que la regla no toma en cuenta la evolución de los ingresos públicos, lo que proporcionaría mayor flexibilidad a la restricción del gasto.
Además, tampoco “consideró la relevancia del gasto institucional que se recorta o se restringe, ni incorporó un proceso de evaluación basado en beneficios, costos, impacto, eficiencia y calidad de los gastos sujetos a reducción o eliminación,” apuntó la Defensoría.
Ministro de Hacienda no ve viable reforma fiscal
El Ministerio de Hacienda ha sostenido que para este año los ingresos del Gobierno seguirían siendo insuficientes.
En esa línea, se le había consultado al ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, qué veía más viable para hacerle frente a ese escenario, si una reducción de gastos o un aumento de ingresos.
El jerarca indicó en aquella ocasión que se debería mejorar la recaudación, ya que, no veía viable que se pudiera implementar una reforma fiscal. Pero, no se pronunció sobre la regla fiscal.
