Un reciente informe de la Defensoría de los Habitantes examinó el impacto de la vigente regla fiscal, la cual considera, ha tenido implicaciones para los derechos humanos, especialmente de la población vulnerable y en situación de pobreza.
El mismo fue enviado por parte de la institución a los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Según la Defensoría, el estudio reveló que la aplicación de la regla fiscal, establecida en la Ley N°9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ha generado rigideces presupuestarias, impactando programas sociales cruciales como salud y educación.
Una situación que ha restringido el acceso a servicios especiales. Sobre todo para estudiantes y personas con discapacidad en situación de pobreza, limitando su acceso a la educación, vivienda, alimentación y atención médica.
Por otro lado, identificó que la aplicación de la regla ha ejercido una presión sobre instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF), el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM).
"Costa Rica enfrenta el desafío de conciliar sus políticas de austeridad con sus compromisos en materia de derechos humanos; por lo que es imperativo que las políticas de austeridad se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos y prioricen la atención a las poblaciones vulnerables, incluso en tiempos de limitación de recursos", detalló a Defensoría.
La elaboración del informe incluyó análisis documental, revisión de jurisprudencia, experiencias internacionales y entrevistas con expertos en economía y derechos humanos.
La institución resaltó que la revisión de la jurisprudencia constitucional fue crucial, ya que, ha experimentado cambios significativos en su enfoque hacia los derechos humanos en relación con las restricciones presupuestarias.
12 aspectos críticos a revisar
Otro de los puntos señalados por la Defensoría es que, el estudio también identificó 12 aspectos críticos para considerar en la revisión de la regla fiscal.
Los mismos abarcan desde el diseño e implementación de la regla, hasta la definición del agregado fiscal regulado y la transparencia de la regla, todos dirigidos a proteger los derechos humanos de la población costarricense.
Además, la Defensoría también destacó la importancia de una revisión de la regla que no limite la efectividad de las políticas públicas destinadas a promover los derechos humanos en la población.
Para la entidad este llamado llega en un momento crucial para el país, instando a una reformulación de la regla fiscal que equilibre la responsabilidad fiscal con la protección de los derechos humanos.
