La Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la ley de Opciones y Naturalizaciones para retirar la ciudadanía a aquellas personas que habiendo adoptado la nacionalidad costarricense, sean condenados por algún delito.
Los legisladores sostienen que la normativa se gesta con la clara idea de combatir la criminalidad organizada, especialmente la penetración del narcotráfico y el lavado de dinero.
Con la reforma a los artículos 15 y 18 de la referida ley, se busca terminar con el fraude de ley que cometen los narcotraficantes internacionales al adquirir nuestra nacionalidad con el fin de evitar su extradición a terceros países.
“Artículo 15- No se le otorgará la naturalización:(…)
4- A la persona que haya sido condenada por delito doloso, con pena privativa de prisión superior a tres años en los últimos diez años, en Costa Rica o en el extranjero, siempre y cuando la conducta ilícita sea reconocida como tal dentro de la legislación costarricense y el sujeto sea imputable.
En caso de que la persona gestionante tenga procesos judiciales penales pendientes dentro y fuera de Costa Rica, se tomarán las medidas legales pertinentes vía administrativa, a efecto de ordenar la suspensión del trámite de solicitud de naturalización hasta que se cuente con una sentencia firme y definitiva ordenada por los Tribunales de Justicia respectivos.
“Artículo 18- Es nula, de pleno derecho, la naturalización que fraudulentamente haya obtenido un extranjero con violación de los requisitos que dispone esta ley.
En consecuencia, en cualquier momento en que se compruebe que al solicitar u obtener la carta, el individuo naturalizado suministró algún dato falso o fue condenado antes por un delito de los que señalan los incisos 2) y 3) del artículo 15 de esta ley o que el objeto de su naturalización fuera el de propagar doctrinas o medios totalitarios, contrarios al sistema democrático, el Registro Civil, mediante información que se levante ante sus oficios, a instancia de la Procuraduría y con audiencia del interesado, procederá a anular la carta de naturalización, si resultara comprobado el cargo.
La resolución será apelable ante el Tribunal Supremo de Elecciones dentro de los cinco días posteriores a la notificación.
Igual procedimiento se seguirá cuando se compruebe que un extranjero naturalizado hubiera sido condenado con sentencia firme por tráfico de droga o lavado de dinero, ya sea en Costa Rica o en el extranjero.
Por razones de seguridad nacional, el acto del TSE que ratifique la nulidad de pleno derecho de la carta de naturalización de las personas indicadas en el párrafo anterior no gozará del beneficio de su suspensión ejecutoria en vía jurisdiccional".
Además, incorpora un párrafo final en el que se dispone que, el acto emitido por el TSE que ratifique la nulidad de pleno derecho de la carta de naturalización no gozará del beneficio de suspensión ejecutoria en vía jurisdiccional
Durante la discusión del proyecto, autoridades de distintas organizaciones dieron su criterio técnico sobre la reforma, mostrando su conformidad.
Con la reforma se evitará que se otorgue la naturalización a la persona que, en los últimos diez años, hubiera sido condenada por delito doloso cometido en Costa Rica o en el extranjero.
La Procuraduría General de la República señaló que si bien el proyecto no adicionaría una nueva competencia a ese ente, sí incidiría en el funcionamiento institucional, al establecer una nueva causal de nulidad al acto de otorgamiento de la nacionalidad costarricense.
También señaló que la nulidad de la nacionalidad se daría siempre y cuando la conducta ilícita sea reconocida como tal dentro de la legislación costarricenses.
De acuerdo con el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, proponente del proyecto de ley, "esta reforma es trascendental en la lucha que estamos dando contra la narcoactividad en Costa Rica".
Según Arias, este es un proyecto que es casi como el antecedente de la reforma constitucional para establecer la extradición para costarricenses, que antes de este proyecto se miraba casi imposible.
“Yo creo que el simple hecho de la aprobación de este proyecto manda un mensaje importante a todas las personas que quieren buscar en Costa Rica, un refugio para la narcoactividad y les dice este no es un país que los quiere recibir ni les va a seguir dando las facilidades que hasta el momento recibieron”; concluyó Arias.
Para el legislador Danny Vargas, del Partido Liberación Nacional (PLN) que también fue parte de la elaboración de la iniciativa, este proyecto de ley viene a cerrar un portillo de manera inmediata.
La diputada independiente Gloria Navas agregó que este proceso es muchísimo más sencillo para poder dar tramite a la extradición, al poder eliminar la nacionalidad.
De acuerdo con Navas este es un empuje más para reducir la violencia en nuestro país en el sentido de no aceptarla sino sancionarla y revocarla cuando exista documentación falsos.
Esta es una buena forma de sancionar mientras no se consiga la reforma a la constitución en el tema de la extradición.
Uno de los puntos que agrega Gloria Navas es que esta ley no es retroactiva, lo cual implica que será aplicada únicamente a partir de su publicación a personas que se naturalicen y usen documentación falsa o información incorrecta sobre su situación legal en su país de origen.
Por otra parte, la legisladora Johanna Obando, del Partido Liberal Progresista, añade que con dicha reforma se logra que una persona que cometa un delito tipificado en nuestra jurisprudencia pueda ser hasta extraditado, eliminado la nacionalidad obtenida con el fin de la conseguir impunidad.
Algo que si señaló Obando es que se necesita también mejorar la seguridad no solo con mayor cantidad de oficiales sino dándoles las herramientas para realizar su trabajo de la forma más digna y segura.
