El aspirante a la alcaldía de Desamparados por el Partido Liberal Progresista (PLP) Luis Gómez Godínez, ve la seguridad como uno de los temas en los que hay una problemática mayor, y atender esta situación sería su principal prioridad.
Además, propone la implementación de Sociedades Públicas de Economía Mixta (SPEM), de la mano con empresas privadas para atender necesidades del cantón.
Este desamparadeño es licenciado en contaduría pública. Estudió sobre desarrollo local en España e Israel. El candidato tiene 25 años de experiencia en la gestión de municipalidades como Santo Domingo, Garabito y actualmente en el sector contable del municipio de Desamparados.
Según lo expuesto en el índice de Competitividad Nacional (ICN) en Desamparados hay una tasa de asaltos de 175 por cada 100 mil habitantes, lo que lo coloca en el puesto 57 entre los 82 cantones en el ranking. Gómez dijo que en la actualidad solamente hay 16 policías. Por turno eso deja solamente 6 o 7 para un cantón con más de 250 mil personas. Los efectivos de la Fuerza Pública son al menos 275.
“Estamos proponiendo 99 policías. Durante los cuatro años de la gestión, vamos a contratar 24 por año. ¿De dónde va a salir la plata? Tenemos varias opciones. La policía municipal se financia por la ley parquímetros, por la ley de multas del Cosevi y un tercer financiamiento que es una tasa. Una cuarta opción es la colaboración internacional” destacó Gómez.
El candidato buscará aumentar el número de unidades de policía canina, también con acuerdos con entes como embajadas. Asimismo, tiene la propuesta de enlazar con las comunidades organizadas para poner en marcha planes de prevención. Según el entrevistado, en el cantón hay más o menos 400 comités de seguridad comunitaria, entre municipales y de la Fuerza Pública.
“Tenemos el tema del centro de monitoreo. Desamparados tiene 100 cámaras, pero tiene dos personas en un espacio que no es el adecuado para verificarlas. Mientras una persona está viendo un monitor a mano izquierda, tiene otros veinte a mano derecha. No se resuelve el monitoreo como debe ser. Además, que son cámaras ya obsoletas. Se necesita tecnología de reconocimiento facial, que pueda ver una placa, tatuajes o tras condiciones que ahorita no se tiene” destacó.
Recolección de basura y redes viales
De acuerdo con la ICN, la cobertura de recolección de residuos en el cantón es la mejor del país, tanto en residuos primarios como en los selectivos, no obstante, sufren de una problemática relacionada con el relleno sanitario del Huaso, especialmente los vecinos de las zonas cercanas y las calles del cantón que son las vías de acceso de los camiones, que llegan desde muchos cantones a dejar la basura al lugar.
“El problema es cuando usted no tiene el control de lo que se hace dentro del relleno sanitario. En este caso EBI tiene el control, pero no lo hace bien. Ha incumplido leyes hasta donde se sabe y las denuncias que han puesto en el sentido que ahora abrieron una nueva celda sin el permiso correspondiente. El tratamiento que le están dando es enterrar la basura, manejar los exiliados y quemar los gases. Eso no es tratamiento ambiental. Nosotros proponemos que haya un cierre técnico de EBI (en referencia al botadero del Huaso) de manera definitiva” afirmó el candidato.
Añade que un proceso de esta naturaleza es de mínimo dos años pero que puede ser aún mayor según el trabajo del Ministerio de Salud. El candidato propone usar una tecnología que está patentada por la empresa francesa Oxalor, para que los residuos se conviertan en un bien.
“Esa máquina con la cal hace un proceso exotérmico que seca la basura. Eso entra en un tambor que la desmenuza, separa los diferentes productos: papel, plástico, materia orgánica, vidrio y metales. Al final sale todo por diferentes celdas. La máquina se instala en una nave industrial. Eso se llama atmósfera invertida. Entonces todo va a estar cerrado; no va a haber malos olores” explicó Gómez.
Indicó que los camiones depositarían los residuos dentro de una fosa, donde empezaría el proceso para convertir los desechos, ya sea en abono orgánico o en algún otro producto procesado. La inversión sería cercana a los $20 millones, por lo que pretende que se realice con aporte de varios municipios o mediante una SPEM en la que mayoría de las acciones las mantenga la municipalidad.
Por otra parte, Desamparados tiene 524 km de red vial cantonal. No obstante, los datos del ICN reflejan que solamente el 10% están en buen estado. Gómez comenta que el porcentaje del presupuesto destinado a calles se termina gastando en salarios, gasolina y muy poco en asfalto, cemento y lastre.
“Tengo un proyecto hace muchos años, que sería la compra de una planta de asfalto. La muni tiene su maquinaria, equipo municipal, pavimentadora, niveladora, vagoneta y bajop, tenemos la maquinaria porque hace 15 años se pensó que podíamos comprar la planta, pero los alcaldes no me dieron pelota. Lo voy a llevar a cabo con esta figura de SPEM. No quiero engrosar la parte municipal, pero quiero que participe en un buen negocio que de réditos que puedan ser invertidos en carreteras y obra social” concretó Gómez.
Afirma que la planta de asfalto móvil que quiere adquirir es de China y puesta en el país tiene un valor de ₡70 millones, que le permitiría no solo generar el asfalto para Desamparados sino para vender a otras municipalidades. De la misma manera, tiene la propuesta de asociarse con la empresa privada a través de las SPEM para poder extraer material para los caminos de lastre en la cercanía de los ríos.
El candidato comentó que será prioritario combatir la corrupción a lo interno de la municipalidad, pues en su experiencia esta problemática está muy presente en las obras que se realizan en el cantón.
“Me di cuenta de que se compraban materiales de tercera calidad y se pagaban como de primero. La muni estaba comprando arenas y piedras de mala calidad y en la factura aparecían como de primera calidad. La municipalidad debe tener estándares de calidad y métricas para medir los rendimientos de las personas y de la obra pública” manifestó Gómez.
Sobre el plan regulador, el candidato critica que es una “camisa de fuerza” y que les limita el desarrollo económico, ya que no se permite que haya edificaciones de más de cuatro pisos y que se intervendrá este aspecto. Asimismo, el plan de desarrollo se planifica a cinco años, mientras que él busca que se haga a 50.
