Un día después de que los presidentes de los tres Poderes de la República acordaran una agenda nacional de 10 proyectos prioritarios en materia de seguridad, comenzaron a surgir las primeras dudas en relación con el estado real de esas iniciativas.
Los seis jefes de fracción de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa se reunieron el jueves con el presidente legislativo Rodrigo Arias, para verificar cual es el ambiente entre las agrupaciones para agilizar los proyectos consensuados el martes en Zapote.
Sin embargo, algunos de los proyectos ni siquiera han ingresado a la corriente legislativa, de manera que no han comenzado el proceso para llegar a convertirse en leyes. En otros casos, si bien los proyectos ya tienen número de expediente, circulan textos con elementos contradictorios.
Por ejemplo, hay diferencias puntuales entre el resumen que presentó al país el fiscal general, Carlo Díaz, después de la reunión en Presidencia, y el texto contenido en el expediente del proyecto de Ley para la regulación y sanción del delito de préstamo gota a gota.
Díaz dijo el martes que el proyecto sobre los préstamos gota a gota introduce una reforma al artículo 214 del Código Penal, para establecer sanciones de cárcel más fuertes.
Y, en el documento que leyó, suscrito entre otros por él mismo así como la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, Gloria Navas; el fiscal adjunto, Mauricio Boraschi; el director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga; el director del Instituto Costarricense sobre Drogas, Fernando Ramírez; y la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, se resume la iniciativa como sigue:
Se propone crear el artículo 214 bisen el Código Penal, el cual regularía la extorsión cobratoria. Se impondría pena de prisión de cuatro a ocho años a quien mediante intimidación o amenazas por cualquier medio obligue a otra a pagar una deuda u obligación crediticia. La pena es de cinco a diez años si la víctima es menor de edad, adulta mayor, o persona en situación de discapacidad; si la amenaza la realizan dos o más personas; se realicen agresiones físicas o psicológicas; o bien, se utilicen armas o se causen daños a la propiedad. En caso de que se enmarque en la delincuencia organizada, la pena será de ocho a quince años.
Sin embargo, el proyecto publicado por la Asamblea Legislativa busca reformar el artículo 243 del Código Penal y las penas son muy distintas a las anteriores. Por ejemplo, se menciona que quien obligare o hiciera prometer al deudor cualquier ventaja económica evidentemente ilegal o desproporcionada de forma personal o por mediar intimidación, amenazas graves, privación de libertad o lesiones será objeto de tres a diez años de prisión.
La pena será de cuatro a doce años de prisión si el delito es cometido por una estructura de crimen organizado de acuerdo con las normas internacionales vigentes y la Ley Contra la Delincuencia Organizada, del 2009.
Ahora hay que esperar que los legisladores voten el proyecto y salga publicado de para conocer cuales serán las nuevas medidas.
Por otra parte, durante su explicación ante los jefes de fracción el presidente legislativo mencionó que es urgente enfrentar la inseguridad ciudadana. "No podemos continuar con estos niveles de violencia", apuntó Arias.
Y añadió: “agradezco a los jefes de fracción por su apoyo para revisar los proyectos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado y procurar el trámite más rápido posible”.
Arias si les pidió que en este tema se trabaje de forma extraordinaria hasta sacar los proyectos.
Para el diputado Liberacionista Oscar Izquierdo el tema es una prioridad y cree que los jefes de fracción deberían solicitar permiso para ausentarse de algunas comisiones para poder revisar en conjunto las iniciativas de ley y así llegar a un consenso.
