Un grupo de 2008 trabajadores que se desempeñaron en labores de estiba en los muelles del caribe aún guardan la esperanza de que el Gobierno les reconozca las prestaciones que se les negaron en aquel momento.
Con ese fin se discute en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que, sin embargo, por ahora no tiene contenido presupuestario.
El problema surgió una vez que se dio la apertura del mercado de la estiba, en 1995. Entonces, a estos trabajadores se les debió liquidar, pero no ocurrió de esa manera.
Al menos así lo determinó la Sala Constitucional, al declarar, en su momento, con lugar un recurso de amparo presentado en contra de dos artículos de la Ley de Subsidio y Finiquito de Trabajadores de Estiba y Desestiba de los Muelles.
Precisamente, a raíz de ello, los diputados de la Comisión de Permanente de la Provincia de Limón en la Asamblea Legislativa comenzaron a discutir una iniciativa que busca honrar pagos pendientes a ese grupo de trabajadores despedidos luego de una serie de huelgas para 1995.
El ministro de Trabajo, Andrés Romero les explico a los legisladores que el proyecto pretende el pago de una compensación económica a los ex muelleros que se vieron afectados con la pérdida de sus trabajos por la apertura del mercado de la estiba en los muelles de Limón y que, además, habían quedado excluidos de una lista preliminar de trabajadores a los que sí se les liquidó.
En dos artículos, se establecen los parámetros bajo los cuáles la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberán proceder.
La Sala Constitucional hizo la salvedad de que por una única vez, se debía reconocer un subsidio económico a los trabajadores afectados por la no cancelación de sus derechos laborales en el momento de abrirse los servicios de los muelles de Limón.
Oportunamente la Contraloría General de la República cuestionó el pago pues se pretendía hacer a través de una modificación presupuestaria, sin seguir los procedimientos constitucionales y legales establecidos.
Una de las preocupaciones de los legisladores es que el Ministerio de Trabajo no conoce cuál sería la vía para conseguir el resto del presupuesto para generar el pago.
El ministro Romero argumentó que este problema de los muelleros tiene más de 25 años y dijo que el año pasado comenzaron las reuniones, para consensuar este proyecto de ley.
La legisladora del Partido Frente Amplio, Roció Alfaro anunció su apoyo al proyecto, para que se le pueda ya de una vez por todas hacer el pago a los 2008 estibadores.
Por su parte la diputada de Liberación Nacional Katherine Moreira expuso que desea trabajar con el Poder Ejecutivo no solo con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda, sino que las demás instituciones deben asumir la responsabilidad del pago de la indemnización.
Moreira se mostró esperanzada en que haya ambiente tanto en la Comisión como en el Plenario para convertir el proyecto en ley. “Si es cierto que han pasado 25 años, pero estamos heredando y estamos asumiendo el compromiso para pagarles”, apuntó.
